La presión de CC OO y UGT obliga al Gobierno central a negociar los fondos adicionales del AEPSA con la Junta
La presión de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras obligó ayer al Gobierno central a dar marcha atrás en su intención de imponer el reparto de los fondos destinados al programa de fomento de empleo agrario del Plan Nacional de Empleo. Un encierro de seis horas protagonizado ayer por tres sindicalistas en la sede de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla hizo que el delegado del Gobierno en Andalucía, José Torres Hurtado, convocase ayer por la tarde una reunión con representantes de la Junta, ayuntamientos y sindicatos para el próximo jueves. Ese día, se intentará poner fin al enfrentamiento protagonizado por las dos administraciones por la distribución de 7.814 millones de pesetas en Andalucía. La Junta se negó ayer a sufragar el 40% de los proyectos y exigió que fuera la comisión regional de seguimiento del PER la que marcara las directrices de los trabajos y su posterior reparto por las ocho provincias andaluzas. Con la decisión de Torres Hurtado, el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Andrés Herranz, tendrá que rectificar la orden dada ayer por la mañana de que la partida destinada a la capital andaluz, 956 millones, fuera gestionada por el Inem y las corporaciones locales. Herranz decidió por la mañana que fueran el Instituto Nacional de Empleo (Inem) y los ayuntamientos los que decidiesen el destino final de los 956 millones de pesetas asignados a Sevilla para fomento de empleo agrario incluido en el Plan Nacional de Empleo. La decisión fue justificada ayer por Herranz ante el "bloqueo" impuesto por la Junta en el transcurso de la comisión de seguimiento del antiguo PER en Sevilla. Herranz puso fin al encuentro tras la negativa de la Junta a aportar el 40% de los programas que han sido diseñados unilateralmente por el Gobierno central. Los sindicatos respondieron a esta actitud con un encierro y acusaron a las diferentes administraciones de "irresponsables" por la batalla que mantienen en torno a este asunto. Este encierro fue el finalmente hizo que el Gobierno central cambiase de actitud y optase por negociar. Malestar Herranz mostró su malestar con el Ejecutivo andaluz, tras haberse comprometido éste a acudir al encuentro con la única intención de desvelar "si contaba" con el dinero suficiente para respaldar los proyectos. La decisión de la Junta de no aportar dinero que complementasen los fondos que asigna el Plan Nacional de Empleo "sorprendió" a Herranz. La Junta optó por la negativa frontal a sufragar parte del coste de los proyectos y exigió que sea la comisión regional del AEPSA la que establezca los criterios y la distribución de los 7.800 millones destinados a Andalucía. Esta medida fue interpretada por Herranz como un intento de "bloquear" la aplicación de los programas. Herranz justificó de esta manera su decisión de trasladar la gestión de las ayudas al Inem y las corporaciones locales y porque así se evitará la perdida de los fondos, ya que los proyectos deben estar aprobados antes del 31 de diciembre. Sin embargo, el representante de Comisiones Obreras, Francisco Campos, afirmó que esta salida es "de locos". Los sindicatos acusaron al Gobierno central de ser autor de una "jugada maestra", ya que conocía desde julio la disponibilidad de los fondos y no lo ha desvelado hasta finales del año, cuando es "lógico" que la Junta no tenga dinero suficiente para sufragar su parte.
