Ofensiva contra los "arrepentidos"
Los italianos han bautizado la semana que comenzó este pasado lunes como la semana de pasión, por la avalancha de huelgas que se concentran en estos días. Pero en medio de los paros de taxistas, empleados de los aeropuertos, conductores de autobús y maquinistas de tren, la más pintoresca de todas es la huelga de abogados penalistas iniciada el lunes y que amenaza con prolongarse toda la semana. La Justicia italiana, al borde de la parálisis sin necesidad de estos auxilios, se ha visto lastrada por una inactividad que ha provocado ya en sus tres primeros días la interrupción de centenares de juicios y una furibunda reacción de la magistratura (las carreras de juez y fiscal no están separadas en Italia). La reacción de los jueces no es extraña porque abogados y fiscales representan intereses opuestos en la batalla judicial.Los penalistas protestan por las modificaciones introducidas hace días por el Tribunal Constitucional en un artículo clave del Código de Procedimiento Penal, el 513, que afecta directamente a las declaraciones de arrepentidos en temas de corrupción y mafia. Hasta el momento de la sentencia, el artículo en cuestión exigía al arrepentido de turno acudir al aula del juicio y repetir allí las declaraciones hechas al fiscal en relación con un determinado proceso, para que éstas pudiesen considerarse válidas. Pero el Constitucional, con una reciente sentencia, sin fallar en contra de esta norma, ha conseguido descafeinarla dejando en la práctica sin efecto el texto del 513. Una decisión que fue calificada por el ex magistrado más popular de Italia, Antonio di Pietro, como "de sentido común antes que de respeto a la Constitución".
Para Di Pietro, como para muchos de sus ex colegas del movimiento de jueces conocido como Manos Limpias, que destapó el escándalo de corrupción política y financiera conocido como Tangentópolis, la supresión de facto del artículo 513 significa "la salvación de muchos procesos". Pleitos basados en las declaraciones secretas de muchos arrepentidos (mafiosos que deciden colaborar con la justicia a cambio de beneficios penales) sobre cuyas vidas pesa la condena de Cosa Nostra, y para los que nada sería más peligroso que su exposición a la luz pública en un tribunal.
La tesis del colectivo de abogados penalistas -unos 11.000 en toda Italia- es radicalmente diferente. En su calidad de defensores de quienes son acusados por esos mismos arrepentidos han presionado durante meses para que el Parlamento corrigiera una situación que dejaba sin garantía a sus clientes, encadenándoles al testimonio de "verdugos sin rostro".
La llegada del artículo 513, aprobado por el Parlamento en 1997, fue un triunfo absoluto que ataba las manos de jueces instructores y fiscales, hasta entonces demasiado libres, como han repetido innumerables veces "acusados excelentes", como los ex primeros ministros Bettino Craxi y Giulio Andreotti y, sobre todo, Silvio Berlusconi, líder del Polo, la coalición de oposición, con un largo historial de casos judiciales. El júbilo de los abogados tras conseguir el artículo en cuestión ha durado poco. Un fiscal de Palermo lo recurrió por inconstitucional ante el máximo tribunal del país. Y el Tribunal Constitucional le ha dado, al menos en la práctica, la razón con una resolución que bajo su apariencia salomónica deja prácticamente sin efecto la gran conquista penal del artículo 513.
La huelga, que está previsto se mantenga durante toda la semana, no es la primera que afecta a los abogados, pero nunca antes había estado motivada por razones enteramente políticas, como ha reconocido el nuevo ministro de Justicia, el comunista Oliviero Diliberto. Lo que intentan con su protesta es, como ha declarado Alberto Pisani, portavoz de los abogados penalistas de Milán, "estimular una reacción de los políticos para que tomen conciencia de la distorsión que introduce la sentencia".
De momento, la única reacción apreciable ha sido la de la magistratura, que ha denunciado a una treintena de letrados por "omisión de servicio público". La huelga es, según los denunciantes, "ilegítima" porque no se ha anunciado con los 10 días de antelación preceptivos, y, según el fiscal Gerardo d"Ambrosio, otro de los magistrados de Manos Limpias, propia de un"país suramericano".
