Autoridad en el PSOE

Los socialistas pusieron ayer en marcha la comisión encargada de preparar el programa electoral. El secretario general, Joaquín Almunia, presidirá la comisión, y el candidato a la presidencia del Gobierno, José Borrell, coordinará sus trabajos. Esta sutileza semántica no oculta, sino subraya, el problema de autoridad que afecta al partido socialista.Seguramente tiene razón Borrell al plantear que el candidato no puede estar ausente de las situaciones que se avecinan, por ejemplo, en todo lo relativo al proceso de pacificación del País Vasco. Si hay que concertar decisiones sobre esa cuestión con el presidente del Gobierno, el candidato socialista a sustituirle tendría que estar allí, aunque sólo fuera porque deberá ejecutarlos al menos en parte quien gane las próximas elecciones. Y se supone que los socialistas quieren que las gane Borrell.

Pero no parece ser ése el esquema de división del trabajo establecido en el último congreso del partido, que asignó la dirección política al secretario general sin despejar la cuestión de la candidatura electoral. Vinieron luego las primarias y los afiliados prefirieron a Borrell. A partir de ahí se ha planteado un dilema complicado que día a día pone en evidencia que el PSOE no estaba preparado para la bicefalia de facto que surgió de las primarias; ni psicológica ni organizativamente. La idea del tándem Almunia-Borrell se basaba en la impresión de que ambos poseían cualidades complementarias: la solidez de uno reforzaría la brillantez del otro. Pero hasta el momento no se ha verificado. En momentos clave, como el de la condena de Vera y Barrionuevo, Almunia ha aparecido demasiado pegado a su antecesor, lo que ha restado credibilidad al secretario general como la persona capaz de dirigir la necesaria renovación y de garantizar al candidato los apoyos necesarios. Al tiempo que crecía la impresión de que la apuesta del partido por Borrell era demasiado condicionada: un contrato temporal.

El resultado ha sido que ninguno de ellos ha aparecido ante la opinión pública con suficiente autoridad. Es difícil que la gente crea en el candidato si tiene la percepción de que su partido no acaba de apostar por él. Pero gestos como la brusca desautorización por su parte de Felipe González, a propósito del asunto Pinochet, resultan demasiado enfáticos: la autoridad no se proclama. Se tiene o no se tiene. Y no se adquiere con lamentaciones sobre las dificultades para ejercerla. El de político es un oficio duro, incompatible con la melancolía.

Pero los militantes del PSOE que apostaron por Borrell tienen pleno derecho a exigir para su candidato el apoyo de toda la organización. Tal vez el espejismo de las encuestas realizadas tras las primarias desenfocó las dificultades reales de cualquier candidato socialista. La combinación entre una buena situación económica y la perspectiva de solución al problema terrorista favorece las expectativas del PP. Frente a esa combinación, los portavoces socialistas, sobre todo algunos especialistas en minucias, no acaban de encontrar un discurso diferenciado. No es fácil en política económica, dado el escaso margen que Europa deja a los gobiernos nacionales en materia monetaria y de presupuestos. Y la situación creada por la tregua de ETA obliga a relativizar los reproches al oportunismo del PP en sus relaciones con los nacionalistas, que provocaron la ruptura del consenso antiterrorista.

La principal debilidad del Gobierno, su política autonómica, improvisada por necesidades coyunturales, no ha encontrado una alternativa clara: la improvisación no es seguramente un reproche que se pueda dirigir sólo al partido del Gobierno. Definir el modelo de convivencia entre los territorios da trabajo de sobra para un buen secretario general y para un buen candidato, y si es cierto que tal vez Borrell debiera ser el interlocutor de Aznar, convertir esa cuestión en tema de debate -o de lamento- mina la autoridad de ambos, secretario y candidato. Eso no se resuelve retratándose juntos o culpando a los periodistas de no ceñirse a las fuentes autorizadas.