Seis vocales del CGPJ dicen que el juez Navarro debió ser suspendido

El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Luis López Guerra, y otros cinco vocales del sector progresista han formulado un voto discrepante con la decisión de sancionar al juez Joaquín Navarro con tres multas que totalizan 600.000 pesetas en vez de haberle suspendido de funciones por una falta muy grave de intromisión, mediante presiones, en las funciones de otros magistrados.Este grupo de vocales del Consejo asegura que los jueces están obligados a abstenerse de conductas que puedan representar un grave peligro para el correcto funcionamiento de la Justicia y que no puede aceptarse que la conducta de un juez sea sancionable sólo cuando actúa en sede jurisdiccional. "El juez es también un ciudadano, pero un ciudadano con unos deberes propios que derivan de su cargo y que no se circunscriben al momento en que se viste la toga", explican.

Los vocales partidarios de suspender al juez Navarro argumentan que éste, prevaliéndose de su condición de juez, persiguió influir en el resultado de las investigaciones judiciales sobre la actividad instructora del juez Javier Gómez de Liaño.

Así, en tres artículos publicados en El Mundo adoptó posiciones favorables a Gómez de Liaño "vituperando acerbamente, y sin excepción, a los autores de toda resolución que le perjudicase". De los escritos de Navarro "se desprende con exactitud lo que debe esperar cualquier juez en el futuro, si en el caso en cuestión, o en cualquier otro, se atreve a separarse de las preferencias claramente expresadas por el autor: descalificaciones e invectivas que aparecerán en la prensa, referidas a su persona y su actividad profesional".

Los vocales recuerdan que en el artículo Cainismo y prevaricación -"título ejemplar donde los haya", apostillan-, Navarro dice que la aceptación por el juez Baltasar Garzón de la recusación de Gómez de Liaño es "una resolución cainita, mendaz, cínica y prevaricadora". En el artículo Panorama desde el puente califica una resolución del juez Ismael Moreno como "inicua e infame, que ha pasado por derecho propio a lo peor de la historia de la prevaricación celtibérica".

"Bula de oro para un prócer"

En Bula de oro para un prócer, es donde "se aprecia claramente la presión". Una resolución de la Sala Segunda del Tribunal Supremo no es del agrado del juez Navarro, por lo que tras "insultar y descalificar en su forma usual a los magistrados, termina efectuando la siguiente admonición: "que acabe de una vez este espantajo judicial entenebrecido por el prejuicio, el odio y la sumisión de unos y otros". La presión sobre los magistrados y la intromisión en su jurisdicción se hace patente: deben archivar para que acabe de una vez este espantajo judicial".Para este grupo de consejeros, el núcleo de la infracción lo constituye el hecho de pretender presionar a otros jueces y magistrados en el ejercicio de su jurisdicción, "cuestión que afecta claramente a la imparcialidad de la Justicia y a la independencia del Poder Judicial". Dado que el comportamiento del juez Joaquín Navarro estuvo ordenado y dirigido a presionar a magistrados del Supremo, los vocales aprecian una falta muy grave.