El PSOE propone reservar pisos públicos para mujeres maltratadas

La Asamblea de Madrid deberá discutir dentro de unas semanas una medida que pretende favorecer a las mujeres maltratadas en la adjudicación de los pisos sociales financiados por el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), dependiente de la Administración regional. El PSOE pretende que un porcentaje de las nuevas viviendas promovidas por el organismo público se reserven para su adjudicación directa a mujeres que hayan sufrido algún tipo de maltrato por parte de sus maridos.

El Grupo Socialista ha presentado en el registro del Parlamento autonómico una proposición no de ley en la que pide al Gobierno regional, del PP, que reserve una parte de las viviendas sociales que construye a mujeres que han sufrido maltrato conyugal y carecen de medios para acceder a un piso privado.En la actualidad, en la adjudicación de pisos públicos existen a veces reservas similares para minusválidos, jóvenes, pensionistas, jubilados, emigrantes y familias monoparentales (con un solo cabeza de familia), pero no específicamente para mujeres maltratadas y sus hijos, aunque esos casos puedan incluirse dentro de las denominadas familias monoparentales.

La diputada socialista Helena Almazán considera que fijar un cupo específico para víctimas de la violencia doméstica hace que sus posibilidades de optar a una vivienda social sean mayores. Y lo explica así: "No es lo mismo reservar 20 pisos para familias monoparentales, entre las que hay mujeres maltratadas y otras muchas que no lo son, que fijar esa misma cantidad de viviendas estrictamente para víctimas de la agresión conyugal", explica.

Puntuación

A pesar de no existir una reserva expresa, en el baremo de adjudicación de pisos sociales vigente en estos momentos se puntúan varios supuestos relacionados con el maltrato. Así, por vivir en una casa refugio, la normativa regional concede hasta 13 puntos, y por conflictos familiares graves, otros cinco puntos.Pero para el Grupo Socialista, estos baremos son insuficientes para atajar el problema. "Lo que nosotros pedimos es lo mismo que ha recomendado el Defensor del Pueblo a la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Comunidad en su reciente informe sobre la violencia doméstica contra las mujeres", concluye la diputada socialista Helena Almazán.

Las viviendas sociales están dirigidas a aquellas familias que ganen menos de 2,5 veces el salario mínimo interprofesional (952.000 pesetas al año), corregido según el número de hijos y la localidad de residencia. Por ejemplo, puede optar a ellas una familia de cuatro miembros que gane 3,8 millones brutos al año y otra de ocho miembros que perciba 4,7 millones de pesetas brutos.

La mitad de los pisos que construye el Ivima se conceden a las familias más necesitadas y el resto se sortean entre los solicitantes, estableciendo entre ellos tres tramos según el nivel de ingresos: menos de 1,5 veces el salario mínimo, de 1,5 a 2 veces y de 2 a 2,5 veces. Las reservas para emigrantes, jubilados y, si prospera, mujeres maltratadas, se realizan dentro de cada una de las categorías anteriores.