"¿Desea alguna cosa de España?"

VIENE DE LA PÁGINA 1 Patrik P., Sam S., Ushefu O., Riex T. y David O. disfrutaron ayer de su primer día de libertad, aunque relativa. Yolanda Acha, representante legal de la empresa consignataria del Seaprincess, les visitó en el centro de acogida de menores que la Diputación de Vizcaya tiene en Loiu y les encontró aguja e hilo en mano, encuadernando. "Están mucho mejor, había que haberles visto en el barco", relataba ayer Acha. Pese a haber sido bien tratados a bordo, mes y medio de viaje en un barco acondicionado para siete tripulantes y el capitán deterioró su aspecto, según Acha. Estos jóvenes -dicen tener entre 14 y 16 años y uno está enfermo- se embarcaron el 19 de septiembre en Port Harper (Liberia). El mercante recaló en Génova, Setubal y varios puertos más antes de arribar el lunes a Bilbao. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) se ha hecho cargo de su caso. El abogado que les representó hasta salir del barco, el miércoles por la noche, había pedido asilo político para ellos esa misma mañana. La solicitud entró a las 14.02 en la Jefatura Superior de Policía de Bilbao con el número de registro de entrada 024202, según la copia documental que obra en poder de este periódico. No obstante, la Subdelegación del Gobierno negó ayer mediante una nota oficial que exista tal petición. El comunicado indica: "Tampoco solicitaron asilo político ante el Ministerio del Interior español, a través de su toma de declaración ante los funcionarios policiales -en presencia de un intérprete y un abogado de oficio-, forma correcta de tramitar dicha petición". El documento, de hecho, no había llegado ayer adonde debía. Javier Galparsoro, responsable de CEAR en Euskadi y actual abogado de los ya ex polizones, aseguró que la solicitud "ha sido deliberadamente omitida ante la Oficina de Asilo y Refugio en Madrid", el órgano que debe estudiar si la admite a trámite. El abogado estudia presentar un recurso de amparo ante las "increíbles" condiciones en que la policía tomó declaración a los liberianos. Ayer preparaba el escrito para reclamar a la subdelegación los impresos formalizados por los agentes de policía en la declaración de los polizones y los certificados de la traductora. La subdelegación también discrepa sobre la edad de los muchachos tanto con CEAR como con los abogados involucrados. El informe del forense ordenado por la Fiscalía de Menores del Tribunal Superior vasco "confirma que son mayores de 16 años, sin poder determinar su edad exacta", según la nota.