Populares y CiU evitan que el "caso Zamora" pase al Tribunal de Cuentas

El caso Zamora -la supuesta financiación irregular del Partido Popular a través del cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de obras y servicios públicos- no llegará de momento al Parlamento por la unión de los votos de los populares y sus socios de Convergència y Unió, que impidieron ayer el triunfo de la iniciativa de Izquierda Unida para que el Tribunal de Cuentas entrara en la fiscalización de la Diputación de esa provincia castellana. El apoyo de los socialistas y el Grupo Mixto a la propuesta de Izquierda Unida, con una suma total de 15 votos, fue insuficiente para sacarla adelante. 20 parlamentarios de PP y CiU votaron en contra.El rechazo se produjo en la Comisión Mixta Congreso-Senado, en la que el diputado de Izquierda Unida José Luis Centella repasó la "adjudicación supuestamente fraudulenta" de obras y servicios y la existencia de "sospechas fundadas del uso del aparato de la Diputación para ello" y recordó el incremento del personal de la Administración, que pasó de cuatrocientas a setecientas personas con la contratación de gente "del entorno familiar y de amistades" de cargos zamoranos.

Centella pretendió sin éxito la investigación de esa Diputación durante 1987 y 1991, algo que ya está haciendo la Fiscalía Anticorrupción. Este órgano jurisdiccional ya ha interesado en el asunto al Tribunal Supremo para que dictamine si entre los imputados hay algunas personas que gocen de inmunidad, ya que de ser así la investigación tendrá que correr a cargo de ese Tribunal.

Precisamente el hecho de que el asunto esté en manos de los jueces fue el argumento del diputado popular Luis Ortiz para rechazar que el Tribunal de Cuentas entre en esta materia.

En esta sesión parlamentaria se recibió también al presidente de este Tribunal, Ubaldo Nieto de Alba, para dar cuenta de la fiscalización de las finanzas de los partidos en 1993. Todos lamentaron, incluido su presidente, que a estas alturas se hable de las cuentas del 93 pero los parlamentarios escucharon de Nieto de Alba el compromiso de que antes de las próximas elecciones generales la fiscalización de los partidos estará al día.

Ahora bien, el presidente del Tribunal de Cuentas se mostró del todo incrédulo sobre la posibilidad de que "una irregularidad contable de un partido pueda elevarse a ilegalidad". Admitió que quizá hay alguna laguna en la ley,pero añadió que ese no era asunto suyo sino del Parlamento.

En esta sesión, PSOE e Izquierda Unida, a través sus portavoces Fernando Gimeno y Mariano Santiso, respectivamente, sí hablaron de las deficiencias de la actual ley, aunque se quedaron solos en reclamar que se active el trabajo de la ponencia que estudia una nueva ley de financiación de partidos políticos. No es el sitio ni el momento, dijo el diputado del PP Diego Jordana de Pozas, que invitó al ponente socialista a denunciarlo si cree que hay algo extraño en la lentitud de estos trabajos.

Gimeno recogió el guante y aseguró que el PP, una vez que "había visto cumplido su deseo de atacar al PSOE por este asunto, ya no tenía interés en cambiar la ley que le permite tener financiación opaca". Se refería al caso Filesa, que llevó a compañeros suyos a prisión por financiación ilegal del PSOE.