El complemento C de los médicos anulado por el TSJ supone un coste anual de 384 millones

Desde que entró en vigor el Decreto 180/96 de retribuciones del personal sanitario, más de 1.600 médicos valencianos han optado por el complemento específico C, que permite compatibilizar sanidad pública y privada a cambio de trabajar seis tardes al mes en los hospitales dependientes de la Consejería de Sanidad. Pese a que el Tribunal Superior de Justicia ha echado por tierra este modelo salarial ideado por el Gobierno popular, el consejero Joaquín Farnós considera que tiene rango de ley y lo da por vigente. Pagar a todos esos médicos supondrá un coste anual de 384 millones, lo que refleja, a juicio del PSPV, que Farnós "está hipotecado a algunos facultativos y a la sanidad privada"

Gracias al decreto parcialmente anulado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, los médicos con dedicación exclusiva al sistema público (complemento B) podían solicitar su paso al complemento C, que les daba alas para trabajar también en la sanidad privada, renunciando a 30.000 pesetas de su sueldo. Tanto a ellos como a los facultativos sujetos al complemento A (sin dedicación exclusiva), el decreto les ponía como contrapartida trabajar un máximo de seis tardes al mes en los hospitales públicos, con la diferencia de que los del A veían incrementado su salario en unas 79.000 pesetas al mes si se cambiaban al C, con lo que se pretendía solucionar lo que el PP consideraba un "agravio comparativo" entre profesionales. Pese a que la Consejería de Sanidad no ha facilitado todavía el número total de facultativos que solicitaron cambiarse de un complemento a otro, el sindicato médico que pactó con el PP el fin de la huelga de 1995 (la CEMS-CV) ha ido recabando los datos: La consejería ha concedido un total de 906 cambios del B al C, lo que supone un ahorro mensual de 27 millones (dejan de percibir 30.000 pesetas a cambio de su libertad). Pero al mismo tiempo ha autorizado otros 745 cambios del A al C -la CEMS afirma que quedan 14 pendientes-, lo que implica casi 60 millones de pesetas mensuales, que la consejería debe pagar a cambio de seis tardes de trabajo al mes en la pública. La diferencia entre lo que se ahorra con las renuncias al complemento B y lo que le cuesta pagar a los que renuncian al A es de 32 millones en su contra, que se traducen en cerca de 384 millones al año, ya que los complementos específicos se cobran 12 veces al año, y no 14. Además de los datos aportados por la CEMS, el PSPV ha ido acumulando respuestas parlamentarias relacionadas con este sistema retributivo, que demuestran, a su juicio, que el consejero Farnós "está hipotecado a poderes fácticos". De un lado, los médicos a los que hubo que prometer un aumento de sueldo tras la larga huelga de 1995, y de otro las clínicas privadas, a las que la consejería aporta mano de obra altamente cualificada, que no tiene que figurar en la plantilla de estos centros. Los datos recogidos por el grupo parlamentario socialista revelan que entre los médicos que solicitaron pasarse del complemento A al C, la consejería premió a los jefes de servicio, por encima de los jefes de sección y de los médicos especialistas de área, lo que demuestra, dicen, con quién está el PP.