IU dice que el contrato estable es un "balón de oxígeno" para el Gobierno

El secretario general del Partido Comunista de Andalucía y miembro de la dirección de Izquierda Unida, Felipe Alcaraz, manifestó ayer que el acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos sobre los contratos estables a tiempo parcial constituye "un balón de oxígeno de mucho tamaño" para el Gobierno del Partido Popular.

Alcaraz, que participó en el XI Congreso del PCA cordobés, dijo que la actuación de las centrales sindicales se corresponde con una política de centro, porque se sientan a negociar "sin ejercer presión" ante las pretensiones del Gobierno.

A su juicio, el contrato parcial estable es "una contradicción en sus propios términos", ya que prevé menores coberturas y derechos para los trabajadores, mientras dispone de 10.000 millones de pesetas en subvenciones para los empresarios.

A juicio de Alcaraz, estos contratos están "fundamentalmente dirigidos a mujeres", y los trabajadores que los firmen deberán cotizar durante 22,5 años para acceder a la pensión de jubilación, por lo que los calificó de un nuevo error de los sindicatos, que se suma a la reforma del mercado laboral que también firmaron con el Gobierno central.

Esta postura de los sindicatos sólo es entendible, según afirmó Alcaraz, "si leemos hoy [por ayer] la prensa, donde podemos ver que el secretario general de CCOO, Antonio Gutiérrez, dice que va a fundar un Olivo a la española, es decir, propugnando una política de centro, frente a la política de izquierdas de IU".

Para el dirigente comunista, el acuerdo sobre el nuevo modelo de contrato es un paso atrás, "porque con el paro y la precariedad laboral que sufrimos, nadie podrá decidir libremente y tendrá que aceptar este contrato a tiempo parcial, que tiene unas contraprestaciones sociales por debajo de la media".

Según la última encuesta de coyuntura laboral del Ministerio de Trabajo, correspondiente al primer trimestre, ocho comunidades autónomas tienen un nivel de contratos temporales que supera el 40% del total, excluyendo a las administraciones públicas. Se trata de Andalucía (44,6% de temporalidad), Baleares (41,3%), Canarias (44,25%), Castilla-La Mancha (43,5%), Valencia (40,6%), Extremadura (46,9%), Galicia (43,7%) y Murcia (44%).