Los mandos no detectaron que el sargento Miravete era alcohólico desde nueve años antes de matar a un cabo

El sargento Juan Carlos Miravete Duque, que a partir de mañana será juzgado en el Tribunal Militar Territorial de Barcelona por la muerte del cabo Samuel Ferrer Caja, de 19 años, a quien disparó el 19 de abril de 1997 en el cuartel de Candanchú (Huesca), debe ser absuelto o condenado como máximo a un mes de prisión, según su abogado Enrique Trebolle. El defensor del militar alega que éste actuó bajo los efectos del alcohol, por lo que se le debe aplicar la eximente prevista en el artículo 20 del Código Penal.Su principal baza es el informe pericial realizado por dos siquiatras del Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, según los cuales Miravete presenta "alcohol dependencia grave" desde 1988. Tras diagnosticarle "un trastorno mixto de personalidad", los médicos militares concluyen que el sargento "pudo actuar bajo una grave y transitoria reducción del grado de conciencia y libertad volitiva".

Sin embargo, un documento confidencial remitido al juzgado por el Ministerio de Defensa señala que en los informes personales de Miravete no figura ninguna anotación sobre su presunto alcoholismo, pese a que desde 1994 se preguntaba expresamente a los mandos "si el calificador tiene evidencia de que el calificado es consumidor de bebidas alcohólicas u otras excitantes".

"Es conocido que en otras ocasiones Miravete ha tenido problemas por la ingestión de bebidas alcohólicas y que ello incluso le ha acarreado en el lapso de estos 14 años más de un correctivo disciplinario", afirmó el ministro de Defensa, Eduardo Serra, el 23 de abril de 1997 en el Congreso. "Si la investigación confirma el carácter de bebedor habitual del citado sargento primero, se corregirá a los superiores que no hayan hecho constar esta circunstancia en sus informes personales", agregó el ministro.

El antecedente más dramático sobre la conducta de Miravete se encuentra en la sentencia dictada el 4 de julio de 1985 por un consejo de guerra reunido en Jaca (Huesca), que le condenó a un año de prisión como autor de un delito de imprudencia temeraria con resultado de muerte. Como volvería a hacer 12 años después, el sargento mató de un disparo a su compañero José Luis González Manzano, mientras jugaba con su pistola "tras haber ingerido bebidas alcohólicas".

Solo en el banquillo

Pese a ello, el abogado de la acusación particular, Alberto Pérez, ha fracasado en su intento de exigir responsabilidades a la Administración Militar por dejar a Miravete al mando de una compañía y en posesión de un arma de fuego. El sargento estará mañana solo en el banquillo.El fiscal militar le pide 18 años de prisión, como autor de un delito de maltrato de obra a inferior con resultado de muerte y diez meses más por extralimitación en el ejercicio del mando, ya que encañonó y ordenó encañonar a varios soldados antes de disparar contra el cabo Ferrer.

La fiscalía evita acusarle del delito de embriaguez en acto de servicio, por el que también fue procesado, pero le aplica la atenuante de intoxicación no plena por consumo de bebidas alcohólicas. Además, deberá indemnizar con 15 millones de pesetas a la familia del fallecido.

La acusación particular eleva la pena a 21 años de prisión y la responsabilidad civil a 39 millones. Fiscal y acusador coinciden en que, al tratarse de un militar en acto de servicio, el Estado es responsable civil subsidiario.

El principal efecto del caso Miravete ha sido la nueva ley disciplinaria de las Fuerzas Armadas, pendiente de ratificación definitiva por el Congreso. En adelante, consumir alcohol portando armas se castigará con dos meses de arresto y el militar que se emborrache tres veces en dos años podrá ser expulsado del Ejército.