El Tribunal de Cuentas fiscalizará a la Diputación de Lugo

Las cuentas de la Diputación de Lugo, que preside desde hace 15 años Francisco Cacharro, dirigente y senador del PP, van a ser objeto de una fiscalización especial por parte del Tribunal de Cuentas. El órgano fiscalizador del Estado aprobará en los próximos días esta iniciativa ante los reiterados incumplimientos de la corporación gallega, que ostenta su particular récord: es la única de las 51 diputaciones de toda España que no rinde sus cuentas.

La oposición socialista sospecha que tras las cuentas de Cacharro se ocultan deudas ficticias similares a las que han llevado hasta el Tribunal Supremo a Pedro Tomey, senador popular y presidente de la Diputación de Guadalajara, por un presunto delito de falsedad en documento público. La Diputación de Lugo tenía en 1996 más de 5.000 millones de pesetas de deudas pendientes de cobro pero el PSOE no ha conseguido que se le entregue la relación de los supuestos deudores.El Tribunal de Cuentas adoptará esta decisión drástica después de haber agotado todas las iniciativas posibles. En octubre de 1997, tras comprobar que la Diputación de Lugo incumplía sistemáticamente la presentación de sus cuentas en los plazos establecidos, encomendó al Consejo de Cuentas de Galicia que fiscalizara las cuentas correspondientes a 1996, último ejercicio.

El Consejo de Cuentas gallego, presidido por Carlos Sotero, adoptó y ratificó el acuerdo del Tribunal de Cuentas pero no ha llevado a cabo la fiscalización encomendada. El Parlamento gallego rechazó con los votos del PP una propuesta para recomendar a ese Consejo que se fiscalizaran las cuentas de las diputaciones y en especial la de Lugo.

Este órgano de fiscalización autonómo depende de la citada cámara, con mayoría popular, lo que explicaría su parálisis en este asunto. Su incumplimiento ha provocado sorpresa en el Tribunal de Cuentas.

Andrés Fernández Díaz, consejero responsable del área de Corporaciones Locales del Tribunal de Cuentas, confirmó a este periódico su decisión de presentar ante el próximo pleno una propuesta de fiscalización especial de la contabilidad de la Diputación de Lugo, cuyos presupuestos anuales rondan los 10.000 millones de pesetas. En ese pleno el órgano de control aprobará su programa para el año próximo.

El pleno del Tribunal de Cuentas lo integran siete consejeros de fiscalización, cuatro de enjuiciamiento, el presidente y el fiscal. Todos ellos apoyarán previsiblemente esta propuesta, tal y como suele ser habitual ante esta clase de iniciativas. Después, el acuerdo se remitirá al Parlamento.

"Estamos cargados de razón para tomar esta iniciativa. Hay que empezar a investigar a los que no rinden cuentas y la Diputación de Lugo es la única que no lo hace. Hay dos razones para esta fiscalización especial: su importancia y el reiterado incumplimiento", explica Fernández, consejero y ex decano de la Facultad de Económicas de la Universidad Complutense de Madrid.

Las cuentas de la Diputación que preside Cacharro se vienen presentando al Consejo de Cuentas de Galicia fuera del plazo. Esto ha provocado que las de 1992, 1993, 1994, 1995 y 1996 no hayan sido fiscalizadas ni incluidas en los informes de ese órgano de fiscalización autonómico. En los tres primeros años la Intervención detectó irregularidades contables por 600 millones de pesetas que después se convalidaron.

El presidente de la Diputación de Lugo se explica así: "No es ninguna ilegalidad aprobar el presupuesto con unos meses de atraso. Si el Consejo de Cuentas no las audita después será por su ritmo de trabajo. Aunque tarde, nosotros ya les hemos remitido las cuentas de 1996. El retraso de estos años se ha debido al cambio de normativa legal y a problemas informáticos. Nuestras cuentas son correctas".

Luis Angel Lago, portavoz de la oposición socialista, cree que la causa de estos retrasos es bien distinta. "Hemos pedido la lista nominal de los deudores y nos la han negado. Nos hemos quejado ante el Consejo de Cuentas y no nos han contestado. Dicen que hay 5.000 millones de deuda pendiente de cobro, pero no está demostrado que sea cierta. Quieren evitar que se fiscalicen las cuentas porque se oculta algo".

Fuentes del Tribunal de Cuentas aseguran que su fiscalización se hará al margen del Consejo de Cuentas de Galicia y que no admitirán plante alguno. Serán sus funcionarios los que hagan el trabajo de campo y examinen con lupa los libros de esta corporación controlada por el PP. Cacharro puede perder su récord.