No cumplen

LOS DOS principales partidos del arco parlamentario, PP y PSOE, que en la reciente campaña vasca se han llamado a sí mismos constitucionalistas, llevan casi un año incumpliendo un importante mandato constitucional: el de alcanzar el acuerdo necesario para la renovación de los cuatro miembros del Tribunal Constitucional cuya designación depende del Senado. Un año, porque, si bien el mandato de esos magistrados finalizó en febrero, por lo que siguen en funciones, los grupos parlamentarios fueron advertidos en octubre pasado de la inminencia de la expiración del mandato de esos cuatro magistrados; entre ellos, el presidente y el vicepresidente.La mayoría cualificada que exige la Constitución es imposible sin el acuerdo del PP y el PSOE. Varias veces se ha dicho que el acuerdo estaba casi cerrado, para afirmar lo contrario al día siguiente en medio de acusaciones mutuas sobre la intransigencia del otro. El espectáculo es ligeramente ridículo y proyecta una imagen de irresponsabilidad.

Los socialistas acusan al PP de ser rehén de sus compromisos con el sector más derechista de la Asociación Profesional de la Magistratura. Desde el PP se insinúa que los socialistas están interesados en el mantenimiento de la composición provisional actual por considerarla más favorable a sus intereses en relación con el recurso del caso Marey. Aunque no se trate de eso, los socialistas deben reconocer que tampoco han hecho gran cosa por evitar la suspicacia. Pero el partido del Gobierno, como responsable máximo del funcionamiento de las instituciones, tiene el deber suplementario de evitar su deterioro: buscando soluciones alternativas o incluso cediendo en aras de ese buen funcionamiento (y explicándolo públicamente).

Algunos magistrados del tribunal han amenazado con presentar su dimisión, lo que podría provocar la falta de quórum y su parálisis de hecho. Ante esta situación, la idea del presidente del Senado de intentar el desbloqueo promoviendo un acuerdo entre el vicepresidente del Gobierno Álvarez Cascos y el secretario general del PSOE, Joaquín Almunia, parece algo medrosa. Debería promover una solución directa dentro de la Cámara, arbitrando con criterios no partidistas un acuerdo entre los portavoces de ambos partidos, García Escudero y Laborda. Presidir una Cámara representativa es algo más que representar al propio partido.

Entretanto, el desprestigio que ambos partidos están cosechando en este asunto es totalmente merecido; especialmente cuando tanto hablan unos y otros de su respecto hacia la Constitución. Que conste, y que los electores lo recuerden en su día.