Un juicio envuelto en la polémica

La incomparecencia por enfermedad de uno de los principales acusados, el abogado José Manuel Muñiz, quien recientemente sufrió una embolia cerebral, impidió ayer el inicio de la vista oral del caso Intelhorce, que ha quedado aplazada hasta el martes. Todos los abogados defensores mostraron su queja por la resolución de la sala, ya que consideran "clave" el testimonio de Muñiz, para quien el fiscal solicita 32 años. Aquél representó al italiano Giovanni Orecifi en la compra de Intelhorce al Estado en 1989.Lo cierto es que el juicio empieza envuelto en polémica. En caso de que se solventen las cuestiones preliminares -entre ellas la de causa ya juzgada, la prescripción de algunos delitos o la incompetencia del tribunal en favor de la Audiencia Nacional-, la sala podría verse abocada a la suspensión del juicio por la enfermedad de Muñiz. La fiscalía ha propuesto en el caso de que éste no pueda comparecer que se archive provisionalmente la causa contra él y se procese a los otros 38 imputados.

Intelhorce recibió cuando se privatizó una inyección de capital público de 5.869 millones. Según la Intervención General del Estado, entre agosto de 1989 y abril de 1992, periodo en el que fue gestionada por Orefici y Muñiz, se desviaron 4.278 millones y se le hicieron perder otros 2.500 en operaciones con otras sociedades de Orecifi.

Esta trama es la que la Sala Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga tiene que juzgar en un proceso que costó más de tres años de investigación al juez instructor, en un sumario que alcanza los 200.000 folios y que es el más complejo instruido nunca por un juzgado malagueño. Además de la fiscalía, que imputa a 31 personas, en el proceso se han personado como acusación cinco partes (una asociación de ex trabajadores, UGT, CCOO, el Estado y la comisión liquidadora de Intelhorce).

El tribunal debe esclarecer en qué condiciones se produjo la privatización y la trama de descapitalización. Según los informes de la Intervención del Estado, en 1.000 días se produjo un "colapso absoluto" en la tesorería de la fábrica, que en 1992 volvió a ser tutelada por el Estado. Uno de los acusados es José Miguel Moreno, expresidente de Improasa, empresa estatal que negoció la venta. La fiscalía sostiene que Moreno urdió con Orefici y Muñiz la venta a cambio de una comisión de 30 millones, por lo que está acusado de delitos de fraude y cohecho que le pueden llevar ocho años a prisión.

En la acusación figuran el ex director financiero de la firma Abel Arribas, empresarios y abogados que presuntamente prestaron facturas falsas, empleados de entidades financieras, tres ex dirigentes de UGT y dos ex directores de Patrimonio (Luis Alcaide y Miguel Ángel Herrera).