Colombia: el derecho a la paz

Los primitivos contractualistas solían hablar del tránsito del estado de naturaleza al estado civil. Sólo algunos imaginaron la posibilidad de un camino inverso en el que una sociedad retrocede desde el estado civil al estado de naturaleza. Lo primero era una ingeniosa construcción intelectual; lo segundo ha sido, a veces, una realidad. Si Hobbes visitara hoy alguna de nuestras sociedades, podría ilustrar con nuevos ejemplos su Leviatán y especialmente el capítulo XXIX dedicado a las "causas internas que debilitan o tienden a la desintegración de un Estado". La realidad ha superado la ficción y la experiencia de nuestros días muestra hasta qué punto, cuando falla el Estado, la vida se vuelve "solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta". Ejemplos ni han faltado históricamente ni nos faltan hoy en día. En algún caso felizmente, como en el de Colombia, parece vislumbrarse ya la salida que haga real y efectivo su derecho a la paz.Colombia lleva medio siglo, 50 años sin interrupción, de violencia y muerte por causas políticas internas. Es difícil encontrar un caso similar. Primero fue la guerra civil entre liberales y conservadores; después la aparición del fenómeno de la guerrilla; más tarde el narcotráfico, y, finalmente, los paramilitares. El resultado es la pérdida por el Estado del monopolio del uso de la fuerza. La guerrilla ha terminado hoy por ejercer un significativo grado de influencia en el 57% del territorio nacional (según el Informe del Departamento de Estado, febrero de 1998); un territorio que, por otra parte, le disputan los grupos paramilitares. Guerrilla y paramilitares se presentan, pues, como Estados alternativos, una forma ágil y expeditiva de "hacer justicia".

Es cierto que, lamentablemente, a veces los Estados, incluso los Estados de derecho, son poco respetuosos con los derechos. Pero no es menos cierto que la ausencia del Estado significa siempre la violación patente y a gran escala de los derechos humanos. Es lo que ha ocurrido en algunas zonas de Colombia. Y si ayer fueron las Fuerzas Armadas las causantes de tales violaciones, hoy son fundamentalmente, y por este orden, los paramilitares y los grupos guerrilleros los que exhiben su ferocidad y nulo respeto por los derechos de una población rehén de todos los grupos armados y a la que somete a toda clase de masacres y desplazamientos forzados. Desde 1970 hasta la fecha se han producido en Colombia, además de la violencia que podríamos llamar común, más de veinticinco mil asesinatos políticos y ejecuciones extrajudiciales a los que hay que añadir los miles de desaparecidos, secuestrados, torturados o los fallecidos en acciones bélicas. Como siempre suele ocurrir en este tipo de situaciones, no son los contendientes sino la población civil la que lleva la peor parte.

Un "velo de impunidad", a decir del Comité Interamericano de Derechos Humanos, ha cubierto tradicionalmente este tipo de violaciones. Hay un nivel de delincuencia relativamente "digerible" por nuestras sociedades. Pero cuando las conductas delictivas se generalizan como ha ocurrido en Colombia, con un nivel de delincuencia tres veces superior al de Brasil y diez veces mayor que el de los EEUU, la capacidad de respuesta del aparato judicial queda desbordada y garantizada la impunidad. A ese punto ya se ha llegado: la anterior Administración reconoció que más del 95% de los delitos quedan impunes. Ha sido este nivel de impunidad de las violaciones de los derechos humanos lo que indujo al Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales de Naciones Unidas a recordar a las autoridades colombianas "la necesidad de todo Estado democrático de ejercer un monopolio del uso de la fuerza".

Sobre este sombrío panorama, en Colombia se vuelve a hablar felizmente de paz. El causante de los bajos estándares de protección de los derechos humanos es el estado de guerra que se padece. Toda guerra prolongada y sin reglas termina por pervertir y destrozar los Estados de derecho: inter arma, silent leges. Lo mismo ocurre con los derechos y por eso la paz es el presupuesto necesario para el reconocimiento y la efectiva protección de los mismos. No va a ser fácil la paz después de tanta sangre y destrucción. Sin embargo, nunca la presión ciudadana y el compromiso del Gobierno con la paz han sido tan fuertes como ahora. Es una gran oportunidad para Colombia que merece el apoyo decidido de la comunidad internacional.

Pero también es el momento de recordar las palabras de Norberto Bobbio: si la paz es la condición sine qua non de una eficaz protección de los derechos del hombre, es la propia protección de estos derechos la que favorece de hecho la paz. La agenda de la paz tiene que incluir, pues, la garantía de los derechos humanos. Por eso frente a quienes sugieren centrarse en las negociaciones de paz y dejar para un momento posterior el problema de las reformas que Colombia precisa para garantizar el respeto de los derechos humanos, las Naciones Unidas y la propia opinión pública colombiana más consciente insisten con toda razón que se trata de dos dinámicas que, lejos de oponerse, se complementan, pues "es a través de los derechos como se alcanza la paz".

Y aquí las esperanzas tienen que depositarse fundamentalmente en las instituciones. Los derechos humanos no son algo que hasta ahora haya interesado gran cosa ni a las guerrillas ni a los paramilitares. A estos grupos lo único que parece interesarles en este punto es negociar la impunidad mediante una amnistía tan generosa que pueda cubrir los "delitos atroces", incluidos los más graves atentados cometidos contra el Derecho Internacional Humanitario; pretensión que ya ha obligado al propio fiscal general de la nación, Alonso Gómez Méndez, en carta al presidente doctor Pastrana (11 de septiembre de 1998), a recordar que "el precio de la paz no puede ser la impunidad ni el desconocimiento de la autonomía del poder judicial ni la demolición del orden jurídico"; que la paz tiene siempre un precio, pero no cualquier precio. Es la nueva Administración, apoyada por una opinión pública ya muy sensible, la que tendrá que tomar la bandera de los derechos humanos.

El presidente de Colombia, al encomendar a su vicepresidente la Consejería para los Derechos Humanos, sitúa a éstos, al menos simbólicamente, en lugar preeminente de su agenda. Pero tomarse en serio los derechos humanos supone ponerse al día con toda una serie de recomendaciones dirigidas por Naciones Unidas a las autoridades colombianas. Son reformas que fortalecerán el Estado de derecho y que favorecerán significativamente al proceso de pacificación.

Recordemos las más importantes: la supresión de la justicia regional o "justicia sin rostro", la atribución a la justicia ordinaria de todos los procesos por violación de derechos humanos que sigue tramitando la justicia militar; la eliminación de los servicios especiales de seguridad privada, la liquidación del paramilitarismo, la protección eficaz de las víctimas de las operaciones de "limpieza social", una política más firme ante el fenómeno de los desplazados forzados, una profunda reforma judicial y, por supuesto, aquellas medidas que conduzcan al más escrupuloso respeto por todos los contendientes de las reglas del Derecho Internacional Humanitario.

Son éstas las más urgentes medidas que vienen solicitando desde hace tiempo tanto Naciones Unidas y el Comité Interamericano de Derechos Humanos como la opinión pública colombiana. Son medidas que no necesariamente formarán parte de la negociación, pero que tampoco deben esperar a la firma de la paz. Porque son la condición para recuperar plenamente el Estado de derecho en Colombia y para hacer efectivo ese nuevo derecho, innovadora aportación de la Constitución colombiana, como es el derecho a la paz.