Cardenal dice que la ley española no permite perseguir a Pinochet

El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, reiteró ayer que la justicia española no tiene competencias para juzgar los delitos cometidos por Augusto Pinochet, el ex dictador chileno actualmente detenido en Londres. Cardenal, durante una visita a Valencia, repudió los "horrendos crímenes" cometidos por el senador vitalicio, pero sigue anclado en su postura. "Mal que nos pese, el respeto a la ley nos impide perseguir esos delitos", dijo.

El fiscal general del Estado acudió a Valencia para visitar la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana y, en aplicación de una norma "de pura cortesía", mantener una breve entrevista con el presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana. Posteriormente, durante una comparecencia ante los medios de comunicación, explicó la postura de la fiscalía de la Audiencia Nacional en el proceso que el juez Baltasar Garzón sigue contra Pinochet. Pese a "los horrendos y espeluznantes crímenes" de que se acusa al octogenario militar, "la ley nos obliga a todos y todos estamos sometidos a ella", dijo Cardenal. "Mal que nos pese y aunque en algunos casos quisiéramos aplicar nuestras leyes a esos hechos, ese respeto a la ley entendemos que nos impide perseguirlos", añadió el fiscal general del Estado, que utilizó el ejemplo del violador del ensanche -el vecino de Barcelona que ha abandonado la cárcel tras cumplir 14 años de los 580 años de prisión a los que fue condenado- para explicar su actitud. "Este hombre está en la calle porque lo dice la ley", afirmó Cardenal. No obstante, el apoyo de Cardenal a la actitud del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, tuvo un contrapunto en su apelación a la creación de un Tribunal Penal de carácter internacional legitimado para juzgar crímenes como los que se imputan a Pinochet, acusado por Garzón de genocidio, terrorismo y torturas. Jueces de otros tres países (Francia, Suiza y Suecia) han imputado al senador vitalicio delitos de similar naturaleza. Además, Cardenal recordó que la postura de la fiscalía -contraria a la de Garzón y discrepante con las peticiones del Parlamento Europeo, varias cortes autonómicas y decenas de organizaciones internacionales de derechos humanos- ha sido coherente desde que comenzó la investigación del caso, aún con el PSOE en el poder. La acusación ya defendió que la extradición no era acorde a derecho "cuando el presidente del gobierno era otro y el ministro de Justicia no era el mismo ", dijo Cardenal. En otro orden de cosas, el fiscal general del Estado se dedicó a repartir alabanzas. A Zaplana, "por su sensibilidad y disposición a colaborar con la fiscalía del TSJ en todo aquello que sea posible". Al fiscal jefe del TSJ, Enrique Beltrán - "compañero de promoción"- porque el departamento que gobierna "es de los que más diligencias ha abierto en toda España". .