Farnós dice que no le preocupa la sentencia sobre los salarios

El consejero de Sanidad, Joaquín Farnós, aseguró ayer que en su departamento "no hay ninguna preocupación jurídica" respecto de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que anula parcialmente el Decreto de retribuciones del personal sanitario, ya que la sentencia "no es firme" y cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Farnós añadió que los complementos específicos que están recogidos en ese decreto "tienen cobertura jurídica", puesto que se integraron en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, por lo que se mostró convencido de que el modelo salarial diseñado por el Gobierno valenciano para los médicos "va a prosperar". El mismo día en que se dió a conocer la sentencia del TSJ, Farnós recordó que las Cortes Valencianas aprobaron en diciembre de 1997 la Ley de medidas de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat, en la que se regulan con rango de ley los conceptos retributivos de los complementos específicos A, B y C del personal sanitario. En respuesta a las críticas de la oposición tras la sentencia anulatoria, Farnós alegó ayer que, gracias a la aplicación del complemento específico C, entre enero y septiembre de este año se han realizado 16.452 operaciones por la tarde en los hospitales valencianos, además de 46.747 exploraciones y 18.070 consultas externas. La razón es que el decreto permitía a los médicos sujetos a dedicación exclusiva cambiarse al complemento C, es decir, renunciar a parte de su sueldo para poder trabajar en la privada, a cambio de dedicar seis tardes al sistema público. La anulación del TSJ se basa en que la cuantía fijada en esos complementos supera el 30% de las retribuciones básicas, lo que contraviene la Ley de Incompatibilidades. Protestas de la CEMS Las protestas del sindicato médico CEMS-CV a la sentencia del TSJ se centran en el agravio comparativo que suponía, antes de la aprobación del citado decreto, que, "realizando la misma labor", algunos médicos tuvieran unos ingresos "muy inferiores" a los que se comprometían a trabajar exclusivamente en la sanidad pública. A su juicio, el sistema retributivo anterior no tenía en cuenta lo que "hacía" cada facultativo, sino lo que "era", lo que suponía "una clara injusticia". La CEMS-CV, que pactó con el actual Gobierno el fin de la huelga de médicos de 1995 (previo acuerdo de una importante subida salarial), considera que el recurso planteado contra el Decreto de retribuciones es "un ataque frontal a los facultativos y sus reivindicaciones", por lo que recomienda a la Consejería de Sanidad que recurra esta sentencia ante el Tribunal Constitucional. El sindicato médico añade sus dudas sobre la legalidad del artículo 16 de la Ley de Incompatibilidades, que no considera norma básica del Estado, y recuerda que "en ningún caso" se tendrá que devolver el dinero cobrado.