Protección con fecha de caducidad

Cada vez más mujeres maltratadas se atreven a denunciar a sus maridos y refugiarse en una casa de acogida. Y en esos refugios cada vez hay más plazas, más servicios de urgencia y más dinero para esas mujeres. Pero ellas, que lo han "perdido todo para salvar la vida", se sienten desamparadas cuando llega la hora de dejar esos centros: "Sólo queremos salidas profesionales y protección".En España hay 129 casas de acogida para mujeres maltratadas, según el informe del Defensor del Pueblo presentado en septiembre. Algunas tienen aún plazas libres. Por ejemplo la casa que la Confederación de Asociaciones de Vecinos (CAVE) gestiona en un barrio del extrarradio madrileño: un edificio en el que viven 15 mujeres y 32 niños.

Cuando una mujer llega, de la mano de los servicios sociales de su Ayuntamiento o Comunidad, sabe que su estancia tiene fecha de caducidad. María es la veterana de este centro, en el que trabajan cinco educadoras, una psicóloga, una pedagoga y una cocinera, y no ve el momento de partir. Llegó hace poco más de un año con cuatro de sus 10 hijos y una larga historia de chabolas, palizas y abusos. Ahora trabaja como limpiadora por 94.000 pesetas al mes. Se ha convencido a sí misma de que "pase lo que pase" no volverá con su marido, del que ya está separada, y ha solicitado un piso del Instituto de la Vivienda de Madrid.

Ahora ya puede hablar de los 26 años de "infierno, sufrimiento y amenazas". Pero abandonó la chabola con miedo y no ha dejado de tenerlo: a su marido, al que denunció, y al futuro, por tener que valerse por sí misma.

Igual que María, el año pasado 17.000 mujeres denunciaron a sus maridos por malos tratos, cifra que puede superarse en 1998 (se han presentado casi 15.000 denuncias hasta agosto). Las mujeres están reaccionando y denuncian más, según distintas asociaciones que trabajan con ellas. Pero las alternativas no son muchas al dejar las casas de acogida: se van a un piso tutelado o alquilan uno propio. Muchas están legalmente separadas, la mayoría tienen la guardia y custodia de sus hijos y, por lo tanto, derecho a una pensión y a ocupar la vivienda conyugal.

L. es un ejemplo de que esto no funciona. Dejó la casa de acogida hace una semana, con su bebé en brazos, para hacerse cargo de sus otros dos hijos. Su marido debe pasarle una pensión de 60.000 pesetas al mes. No lo hace. Pero esa teórica pensión basta para que esta mujer no pueda solicitar el Ingreso Madrileño de Integración (IMI), un salario social para personas sin recursos.

Hay ayudas puntuales -la dirección general de la Mujer da una cantidad en función del número de hijos- para que logren independizarse. Pero cuando lo hacen se sienten desprotegidas. No quieren volver al domicilio familiar porque sus maridos las tienen localizadas.

Y es ese sentimiento de desprotección el que hace que algunas acaben volviendo con sus maridos, afirma rotunda una de estas mujeres. Ella lo hizo una vez tras pasar medio año en otro centro. "Estás sin trabajo, con niños pequeños y tu marido en la puerta todo el día. ¿Qué puedes hacer?", se justifica.

El informe del Defensor del Pueblo daba la razón a esta mujer al recomendar a las Administraciones que incentivaran la contratación de las mujeres maltratadas y facilitara su acceso a pisos de protección oficial. Pero ella quiere más. Está harta de la puñalada y el ojo morado que escandalizan a la opinión. Lo que le preocupa es el futuro: un piso y un trabajo para sentirse segura.[La Guardia Civil detuvo ayer en Onda (Castellón) a Mohamed A. H. después de que éste apuñalara a su compañera sentimental, Carmen Ch. P., que permanece ingresada en la UCI del hospital Gran Vía de Castellón en estado muy grave].