Las 30 familias bilbaínas que perderán sus casas serán realojadas en otro barrio

Las 30 familias bilbaínas que perderán sus casas por la mejora de uno de los accesos viarios a la capital tendrán asegurada otra vivienda en un barrio contiguo en un plazo de dos años, según las previsiones del Ayuntamiento. El pleno aprobará la próxima semana un convenio con el Gobierno para edificar 56 inmuebles de protección pública. Ayuntamiento, Diputación y Gobierno determinarán hoy las soluciones transitorias hasta que se disponga de estos pisos.

"El Ayuntamiento garantiza los realojos", afirmó ayer tajantemente el concejal de Urbanismo, Dimas Sañudo (PSE-EE). El compromiso municipal solventaría el problema originado por la compleja obra de la variante baja de Deusto, que obligará a derribar antes de la primavera 40 viviendas y construir un túnel en el centro de este barrio bilbaíno. Por ello, el kilómetro y medio de su trazado costará 8.500 millones de pesetas, de los que casi una cuarta parte se dedicarán a las expropiaciones y desafección de sus servicios. La Diputación, impulsora del proyecto, anunció en un principio que sólo pagaría indemnizaciones pero, tras la presión vecinal y los contactos con el Ayuntamiento, ha aceptado los realojos. "Antes de que se inicien los desa-lojos definitivos, los vecinos tienen que saber que el Ayuntamiento ha iniciado ya los trámites de construcción de sus futuras viviendas, a las que además legalmente tienen derecho", apuntó Sañudo. Estos pisos estarán cerca de sus actuales hogares, en concreto en el barrio de Arangoiti. Serán un total de 56, la mayoría de ellos de carácter social, y el Pleno municipal de la próxima semana aprobará la firma del convenio con el Gobierno vasco que permitirá iniciar las obras. "Será dentro de dos años cuando dispongan de estas viviendas". Ayuntamiento, Diputación y Gobierno vasco mantendrán hoy una reunión donde se concretarán las fórmulas transitorias durante estos dos años. Las medidas provisionales son variadas: desde el pago por las instituciones del alquiler en un piso a la cesión de viviendas que son propiedad del consistorio o del Gobierno. Una vez determinadas estas soluciones provisionales, se contactará individualmente con cada familia afectada para acomodar las fórmulas existentes a sus intereses, añadió Sañudo.