El fiscal acusará al Estado por no vigilar al asesino en serie de Castellón tras excarcelarlo

El caso de Joaquín Ferrándiz Ventura, de 35 años, acusado de matar a cinco mujeres en Castellón y al que la Guardia Civil ya considera uno de los asesinos en serie más importantes de la historia de la criminología española, provocó ayer nuevas reacciones. El fiscal Juan Salom, encargado del asesinato de Sonia Rubio, una de las víctimas, adelantó ayer que pedirá la responsabilidad civil subsidiaria del Estado porque Ferrándiz estaba en libertad condicional cuando cometió los crímenes, tras cumplir condena por otra violación. El Tribunal Supremo ya ha condenado al Estado a pagar una indemnización a la familia de una niña asesinada por un ex preso en libertad condicional.

Juan Salom calificó ayer de "negligencia" la falta de vigilancia y control de la libertad condicional del preso, que fue condenado en 1990 a 14 años de prisión por un delito de violación. Ferrándiz cumplió algo más de cinco años de esta condena y, en abril de 1995, después de dos meses de tercer grado, obtuvo la libertad condicional. Meses después, Ferrándiz violó y asesino a Sonia Rubio, de 25 años. Salom explicó que en este caso concurrían todos los requisitos legales para otorgar la libertad, "pero no fue debidamente utilizada". El fiscal añadió que sin una redención de la pena, Ferrándiz "hubiera estado en prisión hasta agosto del 2003". Salom afirmó también que el buen comportamiento siempre se ha tenido en cuenta a la hora de conceder la libertad condicional y, en el caso de este acusado, su etapa en la prisión de Castellón estuvo caracterizada por una buena conducta. Ferrándiz colaboró en la edición de una revista de carácter interno, La Saeta. De momento, el titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Castellón, Josep Lluís Albinyana, sólo ha procesado a Ferrándiz por el caso de Sonia Rubio. Pese a que el acusado se ha confesado autor de la muerte de otras cuatro jóvenes, Amelia Sandra García, de 22 años, y las tres mujeres que ejercían la prostitución cerca de Castellón (Natalia Archelos, Mercedes Vélez y Francisca Sales, de entre 23 y 28 Años), el magistrado no ha decidido aún imputarle estos crímenes. Amelia desapareció en Castellón en septiembre de 1995 y su cadáver se descubrió en una balsa de Onda en febrero siguiente. Las tres prostitutas fueron halladas entre el 27 de enero y el 2 de febrero de 1996 junto al cauce de un río en Vila-real. En cualquier caso, y aún a la espera de nuevas investigaciones, Juan Salom aseguró que la petición de la responsabilidad civil subsidiaria al Estado se extenderá a todos los hechos que le sean imputados a Ferrándiz desde el 4 de abril de 1995, fecha en la que salió en libertad condicional hasta el 28 de julio, día que ingresó de nuevo en la cárcel de Castellón tras otra tentativa de agresión sexual, observada por la Guardia Civil, que ya le vigilaba desde febrero. El fiscal consideró venturado ofrecer una cifra aproximada del dinero que se podría reclamar al Estado. Sin embargo, ya existe un precedente por el que se cifró en 20 millones de pesetas la indemnización que el Estado debía pagar a la familia de una niña asesinada por un hombre que, como en el caso de Ferrándiz, cometió el delito cuando gozaba de libertad condicional. Este caso ha sentado jurisprudencia. La condena al Estado por parte del Tribunal Supremo data de principios del pasado octubre. Los hechos se remontan a 1992 cuando, en una aldea de Lugo, Maruchi Rivas, de nueve años, fue raptada, violada y asesinada por José María Real, de 28 años, condenado en 1985 a 12 años de cárcel por abusar sexualmente de otra menor. Real cumplió tres cuartas partes de la pena y salió de la cárcel apenas dos meses antes del crimen. El fallo confirmado por el Supremo determinó la existencia de un funcionamiento anómalo de la vigilancia tutelada del recluso. La sentencia considera a la Administración "responsable patrimonial" al no haber controlado la vigilancia que requería el recluso. Sin embargo la petición de responsabilidades no acabará en el Estado y Ferrándiz. Tres de los crímenes confesados por Ferrándiz han sido imputados a Claudio Alba, un camionero procesado por este caso y que ha pasado cinco meses en la cárcel. La letrada de Alba, Silvia Vicente, siempre ha mantenido la inocencia de su cliente y ha reiterado que no hay datos que sustenten una acusación. La juez que instruyó el caso en Nules, decretó la puesta en libertad de Alba al no encontrar indicios para procesarle. Sin embargo, ese auto fue revocado por la Audiencia de Castellón, tras el recurso que presentó el fiscal. Ahora, Vicente asegura que en el momento en el que se proceda al sobreseimiento del sumario y se decrete la libertad sin cargos, procederá al estudio de las acciones legales pertinentes en reclamación de posibles responsabilidades y para el resarcimiento de los daños y perjuicios que se han causado a Alba. Además, la letrada ha remitido un comunicado en el que señala que "se ha puesto en tela de juicio la acción de las fuerzas policiales, fiscales y judiciales con responsabilidad en la averiguación de los hechos y en la puesta a disposición de la acción de la justicia del autor de los mismos".