Díaz Alperi defiende ante los vecinos afectados el "interés social" de la Ciudad de la Luz

Con el argumento de que las instalaciones potenciarán el desarrollo de la ciudad en su conjunto y situarán a Alicante en posición privilegiada como destino turístico, el alcalde Luis Díaz Alperi defendió ayer el proyecto de la Ciudad de la Luz ante una representación de las 60 familias con intereses en la reserva de suelo delimitada por la Generalitat, que tendrán que vender o enfrentarse a una expropiación. El "interés social" de la actuación no convenció a los afectados, que ratificaron su intención de "luchar" por sus casas, mientras la oposición hacía públicas sus "sospechas" de que tras el proyecto se esconde una operación dirigida a especular con terrenos en primera línea de mar, que serán recalificados.

"No nos queremos ir, vivimos allí muchos años y funcionan negocios, hay que luchar por el barrio porque con algunas obras de urbanización puede integrarse en la actuación proyectada por la Generalitat". Silvia Lázaro, secretaria de la asociación de vecinos del barrio Agua Amarga, que desaparecerá del mapa según los planes del Consell encaminados a promover la construcción de la Ciudad de la Luz y una serie de infraestructuras públicas que no ha dado a conocer, comunicaba así el escaso éxito que tuvo el alcalde en la reunión que mantuvo con los vecinos. "Las nuestras", añadió, "son casas humildes pero decentes, y las autoridades no hacen más que decirnos que no será un expolio, pero nos tiran". Tanto los vecinos como el abogado que han contratado, Ricard Sala, lamentaron no disponer de más información sobre la Ciudad de la Luz que lo publicado en los periódicos, y exigieron el proyecto detallado para valorar el alcance del interés social que esgrime el Consell para arrebatarles sus propiedades. "Somos pesimistas porque lo único que dejan claro es que el barrio desaparecerá, pero sabemos que el parque sólo ocupará 700.000 metros cuadrados, y nos preguntamos para qué quieren el resto del territorio reservado", declaró el letrado. El alcalde, al menos, se comprometió a facilitar a los vecinos toda la documentación que reclaman en el plazo de 15 días. "Son lógicas las inquietudes de estos vecinos, porque a nadie le apetece abandonar su casa, pero les he asegurado que se intentará llegar a acuerdos de compra con todos para evitar la expropiación forzosa", dijo. Díaz Alperi se comprometió a definir "muy claramente" el destino que se dará a ese territorio, pero reconoció que la última palabra la tiene la Generalitat. Por eso no pudo responder a la posibilidad de integrar las construcciones de Agua Amarga en los planes del Consell. Mientras los vecinos organizaban la resistencia, los partidos de la oposición municipal calificaban de "especulativa" la iniciativa del Consell, y mostraban sus dudas acerca de que la Ciudad de la Luz llegue a construirse. La única información de que se dispone hasta el momento, limitada al Master Plan del proyecto (ver EL PAÍS del lunes), causa hilaridad en los bancos de la oposición. "Es como una falla", coincidieron. "Horroroso", apostillaron. Para José Luis Romero, portavoz de EU, partido que consiguió el documento en las Cortes Valencianas, ese informe "evidencia" la falta de justificación para expropiar los terrenos. "Las familias de economía débil van a ser expoliadas, y si vamos un poco más allá, lo único claro es que se va a recalificar ese suelo, lo que servirá para que algunos grandes empresarios y poderosos particulares se desprendan de unas propiedades que no tenían salida dado el carácter rústico del territorio". Para Romero, es "una operación de especulación, proyectada para dar otros usos a los terrenos una vez determinada la inviabilidad de la Ciudad de la Luz". Los socialistas mantienen una valoración similar. "Es una barbaridad", comentó la portavoz María Ángeles Palmer. "Lo único que sabemos oficialmente es que habrá reclasificación de terrenos, y nada de lo que quieren construir allí. Da la impresión de que tienen prisa por expropiar y recalificar de la forma más dura, y después llegará la especulación, llegándose a una situación similar al urbanismo depredador de los años sesenta y setenta". Para Nova Esquerra, el Partido Popular "confunde" la gestión pública con la privada. "La prueba", explicó el portavoz Pablo Rosser, "es que el Master Plan encargado por el Consell se expresa en términos puramente mercantilistas".