El AVE como compromiso

Existen razones para oponerse al AVE. Así lo hace Antonio Serrano, por el que tengo una estima profesional e intelectual que sin duda merece, según cuenta este periódico en su edición del 6 de octubre. Sus argumentos tienen evidente peso, por sí mismos y por quien los emite, y por ello los comparto, aunque matizadamente. Pienso, como él, que es despilfarrador tender una nueva línea de ferrocarril entre Valencia y Madrid, pero, al tiempo, creo que es forzoso reconocer los inconvenientes que tiene el actual trazado: la amplia curva que describe la línea entre Madrid y Albacete, en un recorrido que sólo se justifica en términos de funcionalidad económica ochocentista, podrá reducirse drásticamente, y con tal reducción, la de los tiempos de viaje. Por otro lado, es verdad que el AVE es contaminante, pero menos que otras alternativas de transporte con las que compite. La emisión de C02 aumenta ligeramente desde una velocidad de 200 a 300 kilómetros por hora en ferrocarril pero se dispara en sus alternativas reales: para velocidades promedio de sólo 75 kilómetros por hora, el automóvil contamina cuatro veces y media más, mientras que, en un trayecto equivalente, el avión la supera en más de tres veces. Por último, una hora de ganancia parece un tiempo escaso, pero para trayectos de ida y vuelta en el mismo día, que serían los más habituales, la ganancia real sería de dos horas diarias (un 40% menos del tiempo invertido en viaje), y permitiría utilizar la mañana en Madrid para realizar gestiones y volver a trabajar por la tarde en Valencia (o viceversa), lo cual resulta menos factible si el viaje durase dos horas y media. Pero no es la refutación parcial de los argumentos precedentes lo que realmente me inclina a situarme a favor del AVE: lo que realmente cuenta son otras razones. Sobre todas, la sensación de agravio. Las mejoras ferroviarias previstas para el próximo decenio no observan, ni por asomo, dos de los criterios esenciales que han de cumplir todos los planes territoriales: la equidad y la oportunidad económica. La propuesta ministerial incurre en un incremento de las desventajas competitivas de la Comunidad Valenciana a favor de otras regiones menos productivas, algo que resulta incomprensible desde la perspectiva económica e intolerable desde una óptica territorial. Mientras que los tiempos de desplazamiento se reducen en un 43% para la cornisa cantábrica, un 61% con Barcelona y un 44% con Andalucía occidental, en el área levantina lo hacen sólo en un 31%. Se potencia al máximo el transporte hacia cinco de las siete ciudades principales de España, que estarán conectadas con Madrid por AVE. De esas siete grandes áreas urbanas sólo Valencia y Alicante quedarán excluidas. ¿Qué otro calificativo merece este trato si no es el de agraviante? Porque las ventajas que se otorgan no favorecen únicamente a las demás grandes ciudades. El plan prevé enormes inversiones para mejorar la accesibilidad de territorios deprimidos y/o en declive, como es el caso de buena parte de la cornisa Cantábrica. Si se excluye al País Vasco y se contemplan las actuaciones sólo desde Valladolid, el conjunto de la red de AVE prevista para acceder a Cantabria, Asturias y Galicia equivale en kilometraje y supera ampliamente en costo a la que daría servicio a la Comunidad Valenciana y Murcia. Y, sin embargo, el binomio Comunidad Valenciana-Murcia tiene, en comparación con el trío de comunidades autónomas septentrionales antes mencionadas, mayor población censada, superior nivel de renta, mayor tasa de crecimiento demográfico y económico, exporta por valor de más del doble, tiene casi cuatro veces más pernoctaciones turísticas y dispone de residencias secundarias en proporción de tres a uno. Cabría esperar, como mínimo, una igualdad de trato, pues las magnitudes demográficas y macroeconómicas no permiten duda alguna sobre su oportunidad y justicia, pero se ha preferido invertir allí donde la rentabilidad es menor y abandonar a su suerte a una región que, por su dinamismo productor, requiere estas infraestructuras. En Madrid parecen no enterarse de la potencialidad de la Comunidad Valenciana, quizá porque la peculiar distribución de la población en una potente red de ciudades de alta estabilidad demográfica, parece reducir la significación aparente de nuestras capitales. Una propuesta territorialmente solidaria exigiría, como mínimo, un tratamiento uniforme para las áreas contribuyentes y las receptoras. Pero la que se efectúa desde el Ministerio de Fomento se desequilibra neta y peligrosamente contra la Comunidad Valenciana y Murcia. Una afrenta para un área altamente productiva que viene a acrecentar el histórico desfase que sufre en materia de inversión pública. Una propuesta que prima a las regiones periféricas y subsidiadas y castiga inmerecidamente a una de las regiones que tienen una economía más productiva y que, ya desde hace mucho tiempo, quizá por dejadez y rebosante autocomplacencia, ha ido perdiendo, en el terreno de las inversiones infraestructurales buena parte de lo que ganaba en el campo de la iniciativa privada.

José Miguel Iribas es sociólogo.