Más de 3.000 damnificados de Tous no han pedido la indemnización

La resolución judicial del caso Tous se hizo esperar más de 15 años, en los que muchos damnificados decidieron acogerse a los dos decretos de ayudas que concedió el Gobierno central. Así, la sentencia del Tribunal Supremo, de principios de año preveía indemnizaciones para los 5.270 afectados que agotaron la vía judicial, pero sorprendentemente, más de 3.000 no han reclamado su dinero. La Delegación del Gobierno ha ampliado recientemente el plazo para pedir la indemnización judicial.

Dado el importante número de damnificados que no han reclamado, la Administración central ha gastado poco más de 1.400 millones de pesetas de los 9.400 habilitados para cumplir la sentencia del Tribunal Supremo, que fijó el pago de intereses, de daños morales y del lucro cesante -en el caso de comercios y empresas- para el grupo de 5.270 damnificados que rechazó las ofertas económicas del Gobierno. El hecho de que más de 3.000 afectados no hayan entregado la documentación para cobrar la indemnización se debe, entre otras cosas, a que durante los 16 años transcurridos desde la pantanada han desaparecido muchos titulares de las cartillas de pérdidas y numerosos establecimientos y firmas afectadas han cerrado sus puertas por diferentes razones. Así las cosas, la Delegación del Gobierno, cuando acabe la ampliación del plazo concedido para reclamar, podrá compensar económicamente a los 2.080 afiliados a las organizaciones de damnificados Afiva y Apemeda con el dinero sobrante. Las directivas de estas asociaciones, que han negociado para sus afiliados una mejora de las compensaciones, cerrraron ayer el acuerdo con el delegado del Gobierno, Carlos González Cepeda; la suma acordada se revelará en la asamblea convocada para esta tarde en Alzira. Su reivindicación ascendía a 6.000 millones de pesetas aunque la propuesta es "inferior", según el presidente de Afiva, Xavier Sierra. Los dirigentes de ambas organizaciones, que han protagonizado una larga lucha en defensa de sus intereses, aseguraron ayer que "la vida de las asociaciones tiene los días contados" ya que confían en que los afiliados acepten las condiciones del pacto. "Los socios quedarán contentos", aseveró Sierra. Los criterios utilizados por el Gobierno para redondear la oferta económica tampoco han sido desvelados aunque en cualquier caso no alcanzan a los establecidos por la sentencia judicial. González Cepeda argumentó "razones técnicas" para justificar que fueran inferiores, explicó Sierra. Sin embargo, el PSPV, EU, el BNV y UV han reclamado desde La Ribera al Ejecutivo de José María Aznar que promulgue un tercer decreto que equipare con idénticos criterios indemnizatorios a los 28.000 damnificados que se acogieron a alguno de los dos anteriores decretos aprobados en su momento por el Gobierno socialista. Estos partidos consideran que, de otro modo, no se tratará con igualdad a todos los damnificados.