El PP propone hasta 10 años de inhabilitación por incompatibilidades

El PP presentó ayer una proposición de ley en el Parlamento andaluz para modificar la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la comunidad. El llamado caso Ortega -cuando se supo que el consejero de Relaciones con el Parlamento, el andalucista Antonio Ortega, compatibilizó durante casi dos años su cargo con el de secretario del consejo de administración de la Caja San Fernando- puso de manifiesto algunos vacíos del texto legislativo, en concreto la inexistencia de un órgano fiscalizador en la Administración andaluza, así como la falta de un régimen sancionador. La iniciativa de los populares propone que sea la Consejería de Gobernación la que se encargue del control y establece sanciones de inhabilitación de hasta 10 años para casos muy graves. El secretario general del grupo parlamentario popular, Antonio Sanz, se esforzó ayer en desvincular la iniciativa del caso del consejero andalucista. "Es una modificación necesaria para mejorar el texto legislativo. Existe un vacío que hay que corregir", dijo Sanz. La actual ley consta de 11 artículos. Los populares proponen cambiar dos y añadir cinco nuevos en los que se prevén las sanciones que se deben imponer a los altos cargos que vulneren el texto legislativo. La proposición de los populares insta a que sea la propia Consejería de Gobernación, en la que consta el Registro de Bienes e Intereses de los altos cargos, la que se encargue de ejercer el papel de control sobre compatibilidades. Los populares quieren que Gobernación dé cuenta cada tres meses al Gobierno andaluz y cada seis meses al Parlamento del grado de cumplimiento de las declaraciones de los altos cargos, así como de las posibles incompatibilidades. Ocultación de datos Asimismo, el PP sugiere que las infracciones se dividan en leves, graves y muy graves. Entre las muy graves estarían el incumplimiento de la dedicación absoluta de los altos cargos, la falsedad u ocultación de datos y la no presentación de las declaraciones en el Registro de Bienes e Intereses si antes ya ha habido un requerimiento para hacerlo. La iniciativa popular pretende que los altos cargos sancionados con infracciones graves o muy graves cesen antes de un mes desde que la sanción sea firme. Si la falta es considerada muy grave, el PP quiere que el alto cargo pueda ser inhabilitado entre tres y 10 años y hasta tres años si es grave. En estos casos se tendrán en cuenta si ha habido perjuicio para el interés público, el tiempo transcurrido en la situación de incompatibilidad, la intencionalidad y la percepción de dinero por el desempeño de las actividades incompatibles. Si es leve, el alto cargo será amonestado. En cualquier caso, la proposición prevé que el alto cargo que haya obtenido un beneficio económico de su situación restituya el dinero "percibido indebidamente".