El fiscal pide ocho años de cárcel para los acusados en el 'caso PSV'

El fiscal anticorrupción Vicente González de la Mota ha pedido en su escrito de acusación una pena de ocho años y dos meses de prisión menor para cada uno de los cinco imputados en el caso PSV, relativo a la cooperativa de viviendas del sindicato UGT. Los encausados son Carlos Soto, Paulino Barrabés, Sebastián Reyna, Francisco Hernández y Fermín Bretón, a quienes el fiscal imputa un delito continuado de apropiación indebida con el agravante del gran número de perjudicados, la cuantía defraudada y tratarse de un bien de primera necesidad, como es la vivienda.

Además, en el escrito presentado esta semana ante la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios, el fiscal cifra la responsabilidad civil en algo más de 18.000 millones de pesetas, que deberán abonar los cinco procesados, de forma solidaria, a Promoción Social de Viviendas (PSV).

Como responsable civil subsidiario, el fiscal cita a UGT y a algunas empresas del grupo Iniciativas de Gestión y Servicios Urbanos, Sociedad Anónima (IGS), gestora de la cooperativa PSV.

El informe del fiscal, que se extiende a lo largo más de 120 folios, es respuesta al auto de la juez en el que solicitaba a las partes que presentaran escrito de acusación o, en caso contrario, reclamaran el sobreseimiento de la causa.

Fraude millonario

En escritos anteriores, en concreto en el que pedía la conclusión del sumario, el fiscal sostenía que, durante los más de cuatro años de instrucción de la causa ha quedado acreditado que IGS utilizó de "manera fraudulenta" un total de 19.852 millones de pesetas "abusando de su condición de administrador". La primera denuncia por la quiebra de la cooperativa de viviendas de la UGT se presentó el 20 de diciembre de 1993, ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, contra Carlos Soto, Paulino García, Prudencio García, Fermín Bretón y Luis Casilla. Las diligencias se remitieron a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que interpuso denuncia el 16 de febrero de 1994.

Dos días después, Miguel Moreiras, entonces titular del Juzgado central de Instrucción número 3 abrió diligencias, que su sucesora, la juez Teresa Palacios, cerró por auto del pasado 24 de septiembre.

El fiscal del caso consideró en su informe que "con el fin de ocultar el destino que habían dado a los fondos" se utilizó un entramado de sociedades que "se puede denominar grupo IGS". Además, los gestores de la cooperativa confeccionaban las cuentas de ésta "elaborando unos balances que enmascaraban la realidad". Y "parte de los fondos que IGS había percibido de los cooperativistas de las promociones se entregó a UGT amparándose los responsables en un contrato privado suscrito sin apoderamiento o autorización alguna de los cooperativistas".