El mensaje "SJ5"

La Semana Santa de 1992 fue una semana de pasión y sufrimiento para el Banco Santander. El entonces juez de la Audiencia Nacional Miguel Moreiras, acompañado de nueve policías y cuatro inspectores de Hacienda, entraba en los servicios centrales del banco y se llevaba los archivos informáticos. Moreiras se incautó de una grabación magnética donde, bajo el título "mensaje SJ5", figuraban las operaciones realizadas con cesiones de crédito, una de ellas por valor de 25.000 millones. Los titulares de las cesiones aparecían con una sola identificación, a veces una letra. Uno aparecía como Capitán Trueno.Nunca antes se había producido una actuación similar en una entidad financiera, hoy la primera española. Y supuso una verdadera conmoción en el mundo financiero y el punto y final de una etapa en la que se pugnó por captar fondos opacos al fisco.

El Estado, con sus pagarés del Tesoro, y las entidades financieras, con las primas únicas y las cesiones de crédito, se alimentaron de ese filón. Nunca admitieron ser responsables de que los titulares de eso que se dio en llamar ingeniería financiera declarasen sus rendimientos ni de preguntar por el origen del dinero.

La Bolsa engordó hasta alcanzar proporciones billonarias y Hacienda decidió actuar. Tanto en las primas únicas como en las cesiones de crédito, el conflicto empezó por obtener los listados de clientes. Al tiempo, se exigió a las entidades financieras el ingreso de la retención fiscal (entonces el 20%) no practicada.

En las primas únicas, La Caixa fue la más activa, mientras que en las cesiones lo fue el Banco Santander. El asunto de La Caixa aún colea en los tribunales administrativos, pero el del Santander se encuentra en la vía penal y en el centro de una fuerte polémica jurídica y política.

Moreiras entró hace seis años en la sede del Santander en busca de los listados de clientes de las cesiones, un producto por el que el banco vendía la nuda propiedad de un crédito a un tercero. El banco aligeraba así su balance y podía dar más préstamos y el titular conseguía aplazar el pago de impuestos o eludirlo y hacer rentable su dinero negro.

El juez actuó en base a una denuncia de la inspección fiscal (marzo de 1992), que, después de más de un año de investigación en el banco, no había obtenido las identidades reales de los titulares de las cesiones. El Santander entendía que no estaba obligado a identificar a sus clientes ni a conocer el origen del dinero ni a efectuar la retención fiscal.

Cruce de datos

Hacienda, por su parte, cruzó la información obtenida por Moreiras con su base de datos y detectó, en 38 casos iniciales, a un fallecido, un jubilado, un cura y un residente en Venezuela. De ahí consideró confirmadas sus sospechas iniciales de que se habían utilizado testaferros para ocultar la verdadera identidad de los titulares de las cesiones.Entre los nombres que finalmente aparecieron figuró el del consejero de Obras Públicas de Valencia, Luis Fernando Cartagena, que con el nombre de un empresario ilicitano suscribió cesiones por valor de 160 millones. Cartagena dimitió a principios de este año a resultas del escándalo.

La investigación se centró en 47.274 operaciones, realizadas entre 1988 y 1989, con más de 3.500 titulares y un capital de 432.965 millones de pesetas. La mayoría de los titulares, reales o ficticios, acabó por regularizar su situación con Hacienda.

Han quedado pendientes 228 casos por presunto delito fiscal, ya que las cantidades no declaradas a Hacienda superaron los 15 millones. En la mayoría de ellos se ha argumentado prescripción o problemas de titularidad.

En un auto del 16 de julio de 1996, Moreiras eximió de delito fiscal al Santander por las retenciones no practicadas -que se exigieron entonces por la vía administrativa- y de responsabilidades penales respecto de aquellos clientes que regularizaron su situación fiscal. Dejó abiertas "las actuaciones respecto de los posibles delitos tributarios que se hayan podido cometer con ocasión de la nuda propiedad de los créditos". En esencia, si el Santander incurrió en el delito de cooperación necesaria en la comisión de posible delito fiscal en relación al principal de los capitales invertidos en las cesiones.

Dicho más sencillamente, si la entidad que preside Emilio Botín comercializó este producto para captar dinero negro y si facilitó o no el uso de identidades falsas. Buena parte del dinero provenía de pagarés del Tesoro -al portador, sin retención fiscal- y el banco argumentó que no podía conocer el origen último de esos fondos.

Lo contrario entiende la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios -encargada del ca-so-, que el pasado 1 de octubre decidió proseguir la investigación, con la oposición del fiscal jefe, Eduardo Fungairiño, y del abogado del Estado.