Afectados por las riadas de 1994 en Tarragona reclaman 1.100 millones Veinte empresas demandan a las administraciones

Las 20 empresas del polígono industrial de Tarragona afectadas por el desbordamiento del río Francolí en las riadas de octubre de 1994 han presentado demanda contra el Estado, la Generalitat y el Ayuntamiento de Tarragona, como responsables de los daños. Los afectados solicitan de las administraciones una indemnización superior a los 1.100 millones de pesetas, según recogen las conclusiones definitivas elevadas a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional.

Los abogados de las empresas consideran a las tres administraciones responsables últimas de una "omisión culpable" por no haber llevado a cabo mejoras en infraestructuras ya previstas en la desembocadura del Francolí y por la lentitud con que se aplicaron los planes de emergencia el día del suceso. Consideran que ello hubiera evitado la riada y las graves consecuencias que tuvo, tanto para la población como para las industrias. Las inundaciones de octubre de 1994, de las que hoy se cumplen cuatro años, fueron de las más graves registradas en este siglo en Tarragona y afectaron a los barrios del sur de la ciudad, el Serrallo y Torres Jordi, y a las factorías radicadas en esta área, que quedaron completamente anegadas. El Francolí se desbordó debido a la curva que presenta en su desembocadura, que frenó el correcto desagüe del agua al mar. El Ministerio de Fomento ya ha aprobado la supresión de esta curva para el próximo año, con lo que el río desembocará directamente en una bocana del puerto. El escrito de conclusiones señala que el Estado era consciente, al menos desde 1976, del peligro que entrañaba la desembocadura del río, no sólo por el dique construido en su tramo final, sino por la poca altura y luz del puente del ferrocarril, que actuaba de freno de la riada. Además, la carretera nacional 340, construida por encima del cauce de la riera de Riu Clar, también obstaculizó la avenida de agua e incrementó el nivel de ésta en el polígono.Los abogados de los perjudicados denuncian en su informe la poca pericia de los servicios de Protección Civil de la Generalitat en alertar a las poblaciones ribereñas sobre la crecida del río. Así, se indica que el día 10 de octubre a las 9.34 horas, la Junta de Aguas de la Generalitat ya informó de que el río Francolí llevaba un caudal considerado "peligroso y con tendencia a subir". Posteriormente, a las 11.20 horas, el Ayuntamiento de La Riba notificó que el río había destrozado el puente de la población, y hasta las 13.00 horas Protección Civil no avisó a las poblaciones del resto del cauce. Respecto al Ayuntamiento de Tarragona, los afectados consideran que no corrigió las graves deficiencias de construcción del polígono industrial, asentado en el mismo cauce de la riera de Riu Clar, entre ellas el deficitario sistema de evacuación de aguas pluviales.