El rehabilitado Palacio de Justicia de Bilbao presenta serios problemas de espacio y seguridad

El nuevo Palacio de Justicia de Bilbao, inaugurado el pasado 28 de septiembre después de casi tres años de obras, presenta en dos de sus cinco salas de vistas serios problemas de espacio y de seguridad. Estas carencias se suman, además, al "hacinamiento" que sufren los funcionarios (agentes judiciales, auxiliares y oficiales) que, con la reforma, han perdido sus luminosas oficinas para compartir ahora "oscuros pasillos sin intimidad alguna". Las salas que acogen las vistas de las secciones Segunda y Primera han salido perdiendo, en cuanto a espacio, mobiliario y diseño respecto a las que se disponían antes de acometerse a finales de 1995 la reforma del Palacio de Justicia, que ha costado 1.500 millones.

Las obras del Palacio de Justicia, contempladas dentro del plan de renovación de los edificios judiciales en el País Vasco iniciado en 1991, pretendían redistribuir el espacio de un edificio obsoleto, que apenas daba cabida al creciente aumento de los órganos judiciales. Este problema, de espacio principalmente, se ha reproduce una vez concluida su reforma y ha llegado a provocar, el pasado lunes, la suspensión de un juicio que debía celebrarse a las 9.30 de la mañana en la sala de vistas número 7, adscrita a la Sección Segunda. Fuentes judiciales achacan los problemas a la Sala de Gobierno, en principio responsable de orientar el curso de las obras y adaptarlas a las necesidades particulares de cada sección. Las reducidas dimensiones del estrado -una plataforma en forma de U- en el que se acomodan los miembros del tribunal, el fiscal, el secretario judicial y los letrados de la acusación y la defensa sólo permiten trabajar con desahogo a losmagistrados; los demás, si encuentran sitio, se ven rápidamente sumergido en una marea de papeles indispensables para su trabajo, una deficiencia denunciada también cuando la Audiencia se ubicaba provisionalmente en la calle Buenos Aires. Sin sitio para los letrados En estas condiciones, el juicio por narcotráfico previsto para el lunes se vio suspendido por las quejas de los cinco letrados que debían atender la causa: sobraba uno, por falta de asiento. El personal de mantenimiento del Palacio de Justicia instaló una silla más. Insuficiente: no quedaba un hueco disponible sobre la mesa. En esta situación, y teniendo en cuenta que el juicio debía prolongarse por espacio de dos semanas, los letrados acordaron la suspensión de la vista. La Sección Segunda, que ya el viernes había solicitado a la Sala de Gobierno permiso para usar la sala número 1 (designada para el Tribunal Superior) por presentar dimensiones adecuadas a las necesidades del juicio, reiteró el lunes su petición, aceptada finalmente a las 14.00. Demasiado tarde, puesto que hubo de localizar de nuevo a una decena de testigos y letrados y convocarlos para el día siguiente, en la sala 1. Fuentes judiciales se muestran igualmente alarmadas por la falta de seguridad derivada de las dimensiones de las salas 3 y 7. La puerta de acceso a calabozos, lugar de tránsito de los acusados, se halla emplazada demasiado cerca del estrado. Si un acusado se revuelve, como ya ha ocurrido en el pasado, los agentes que custodian al inculpado difícilmente podrían asegurar la seguridad de fiscales, secretarios o letrados, puesto que no existe apenas espacio entre ellos. Falta de seguridad De la misma forma, en el banquillo de los acusados sólo tienen cabida un máximo de tres acusados ¿Dónde ubicar a los siete que debían comparecer el lunes en el juicio por narcotráfico? Las mismas fuentes judiciales alertan sobre la imposibilidad de garantizar la seguridad de los testigos de la acusación. Prestan su declaración de espaldas al o a los acusados, colocados apenas a metro y medio de sus espaldas. Las mismas fuentes aseguran también que no existe una sala habilitada para juicios con jurado, y se quejan del funcionamiento defectuoso del aire acondicionado o de que en las salas 3, 4 y 5 se puede escuchar el sonido de la cisterna en los lavabos contiguos. El proyecto de rehabilitación del Palacio de Justicia, que aloja al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y a la Audiencia Provincial de Vizcaya, ha supuesto al Gobierno Vasco un desembolso próximo a los 1.500 millones de pesetas. Las obras de remodelación comenzaron en diciembre de 1995.