Trabajo acaba de inspeccionar la CEV casi al tiempo que el Tribunal de Cuentas detecta delitos

La Inspección de Trabajo de Valencia ha tardado casi lo mismo que el Tribunal de Cuentas en concluir el informe sobre las supuestas irregularidades cometidas en el uso de los fondos de formación por parte de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV). La lentitud de los inspectores y la descoordinación entre jueces y fiscales ha propiciado que esta investigación, sin duda de gran complejidad, se haya repartido por tres juzgados y otros tantos fiscales, en contra de lo habitual. Esta dispersión complica sobremanera la obtención de resultados.

Las leyes procesales son claras: un juez investigará todas aquellas denuncias existentes sobre una misma causa penal, con el objetivo de evitar que actuaciones iniciadas con la misma finalidad se solapen y, de esta manera, concentrar esfuerzos y ganar en eficacia. La investigación sobre el uso que la CEV hizo de los fondos de formación entre 1993 y 1995 ha corrido distinta suerte. El fiscal que se hizo cargo de las pesquisas cuando la Consejería de Trabajo - por aquel entonces dirigida por José Sanmartín- remitió toda la documentación solicitada abandonó el caso cuando una denuncia interpuesta en el juzgado -en relación con la causa que investigaba- salpicó a un conocido suyo. Primer abandono. Inmediatamente, el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia se hizo cargo del caso, y el correspondiente fiscal, con él. En junio de este año, el magistrado -Vicente Ríos- y el representante de la acusación pública -Julio Bruzón, quién respaldó la decisión de una colega, Carmen Sanz- decidieron archivar una denuncia presentada contra la Asociación Valenciana de Academias Privadas, supuestamente beneficiada, de manera irregular, con los fondos de formación. La prueba pericial practicada por la Guardia Civil descartó la comisión de un delito de falsificación de documento público. Segundo abandono. Mientras, la descoordinación entre los juzgados de Instrucción favoreció que otra magistrada -Teresa Serra, titular del Juzgado de Instrucción número 6- y la fiscal adscrita a esa instancia -María Teresa Soler- estudiaran la primera documentación remitida por la Inspección de Trabajo a la Fiscalía. La investigación fue sobreseída, y el asunto archivado hace ya siete meses, el 4 de marzo de 1998. La razón, esta vez, la prescripción de delito de falsificación de documento en que la CEV habría podido incurrir. Tercer abandono. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas, un órgano fiscalizador de carácter estatal y con sede en Madrid, ha sido rotundo: la patronal valenciana ha actuado de manera negligente en la gestión de los fondos de formación que manejó entre 1993 y 1995. Este tribunal, que ha enviado la documentación que obra en su poder y las conclusiones de su trabajo a la fiscalía valenciana, no ahorra adjetivos: señala "la existencia de un presunto hecho delictivo" en la gestión de la CEV y detalla una larga serie de irregularidades. Desde el cobro de cursos inexistentes hasta la duplicación o cuadruplicación de facturas, desde el uso de recibos para justificar pagos en dos ejercicios diferentes hasta la hinchazón de los gastos realmente realizados. Según el Tribunal de Cuentas, la patronal debe devolver a la hacienda pública 191 millones de pesetas recibidos indebidamente. La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana recibirá en breve esta documentación. Tercera investigación penal Previsiblemente, el fiscal jefe del TSJ, Enrique Beltrán, optará por remitir toda esta documentación al Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia. El titular de ese juzgado -sobrecargado de trabajo al responsabilizarse de la investigación sobre la tragedia del Proof Spirit- recibió el pasado 28 de agosto una tercera denuncia en relación con la CEV. La denuncia, otra vez, procede de la fiscalía. La acusación pública remitió a los juzgados el informe final de la Inspección de Trabajo, facilitado por la Dirección General de Formación Profesional e Inserción Laboral, un organismo dependiente de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio. El organismo denunciado es, obviamente, la CEV, y es de suponer que las conclusiones de los inspectores, similares a las de sus colegas del Tribunal de Cuentas. El titular del Juzgado de Instrucción número 9 aún no ha decidido sobre la pertinencia de iniciar una investigación o, por contra, dictar auto de sobreseimiento. No obstante, a la vista de las conclusiones del informe del Tribunal de Cuentas, puede haber materia para abrir diligencias penales por las supuestas irregularidades cometidas cuando José María Jiménez de Laiglesia era presidente de la patronal y Luis Espinosa, secretario general.