El Gobierno acepta el apoyo del PSOE pero se niega a enfrentarse a sus socios nacionalistas

El Gobierno de José María Aznar expresó ayer su "acuerdo total", no exento de matices, con la oferta de apoyo que le hizo el sábado el candidato socialista a la Presidencia, José Borrell, para que PP y PSOE asuman juntos los desafíos autonómicos formulados por los nacionalistas con las Declaraciones de Lizarra y Barcelona. El Ejecutivo coincide con los socialistas en la defensa de la Constitución y los Estatutos en esta etapa reivindicativa alentada por la tregua terrorista. Pero no quiere que esta alianza derive en una política "frentista", y hará lo posible por conservar intacto el apoyo de CiU y PNV.

El Gobierno ha establecido una "línea caliente" de comunicación con el PSOE, tras la última reunión entre el jefe del Ejecutivo, José María Aznar, y el secretario general socialista, Joaquín Almunia, el pasado jueves en La Moncloa, para afrontar en común la nueva etapa de reclamaciones que han abierto los partidos nacionalistas muy especialmente tras la tregua de ETA. La comunicación entre el ministro del Interior, Jaime Mayor, y el responsable de comunicación del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, será permanente.Frente a las exigencias del derecho a la autodeterminación, formuladas por CiU y PNV, y las continuas alusiones a una posible reforma de la Carta Magna, las bases de la colaboración entre el Gobierno y el PSOE son la defensa del actual marco constitucional y estatutario. No obstante, el Ejecutivo quiere evitar que esta colaboración se pueda interpretar como un "frente antinacionalista". El portavoz del Gobierno, Josep Piqué, señaló ayer que "cualquier intento de construir el futuro sobre la base de la marginación de partidos democráticos nos aboca al error".

La clave está en que el Gobierno pretende compatibilizar la colaboración con el PSOE en una importante cuestión de Estado, como es la política territorial, con sus relaciones parlamentarias con CiU, PNV y Coalición Canaria (CC), que garantizan la estabilidad del Ejecutivo. Más aun cuando Aznar pretende agotar la legislatura y necesita los votos de los nacionalistas en el Congreso durante otro año más.

Previsiblemente, ni la tregua de ETA ni la crisis económica van a hacer cambiar de planes a Aznar. La pretensión de algunos ministros, como el propio Josep Piqué, titular de Industria, de adelantar las elecciones generales para hacerlas coincidir con las autonómicas de junio de 1999 choca frontalmente, hoy por hoy, con lo que piensa el presidente.

Entendimiento con el PSOE sí, pero manteniendo el apoyo de PNV y CiU y un hilo de comunicación con ambas fuerzas para seguir intercambiando información sobre la tregua de ETA, como acordó Aznar con sus principales líderes, Xabier Arzalluz y Jordi Pujol, en las reuniones de la pasada semana. Esta doble actitud ha levantado suspicacias en el PSOE. Los socialistas reiteraban ayer su respaldo al Gobierno en la defensa de la política territorial, pero expresaban reticencias hacia su comportamiento. José Borrell, autor de la oferta de apoyo al Gobierno, aclaraba que "no se trata de hacer un frente contra nadie", pero también precisaba que "si alguien ha hecho un frente en este país han sido los partidos nacionalistas, o al menos han puesto en común una estrategia para alcanzar ciertos objetivos". Borrell anticipó la estrategia de su partido en el Congreso: "No vamos a utilizar una situación en la cual un partido que no tiene mayoría suficiente [el PP] se ve obligado, para mantenerse en el Gobierno, a aceptar lo que le imponen sus socios nacionalistas minoritarios".

El secretario de Política Autonómica socialista, Ramón Jáuregui, aprovechó para recordar como causas del alejamiento entre el PP y el PSOE las concesiones que Aznar hizo a los nacionalistas en financiación autonómica y sanitaria. "Esta política de cesiones ha contribuido a envalentonar a los nacionalistas, que ahora han tomado la iniciativa".

En esta misma dirección, el portavoz socialista en el Senado, Juan José Laborda, expresaba su temor a que "en este proceso los neoliberales del "Estado mínimo" se pongan de acuerdo con los nacionalistas para debilitar un Estado vertebrador y solidario, consagrado por la Constitución". Laborda reclamó que el debate sobre el modelo de Estado se celebre en el Senado, y no en los foros de Barcelona y Lizarra (Estella). Más agresiva, la dirigente socialista vasca Rosa Díez denunció la "falta de coraje de Aznar" y la "débil respuesta" de Piqué a la "deslealtad de Arzalluz". El líder vasco había declarado el domingo que "Aznar se hubiera ahorrado muchos muertos" si hubiera hecho caso al PNV.

Confirmando estos temores, Almunia advertía en Viena contra una posible "exacerbación de posiciones nacionalistas". Por esta razón, y "para no permitir, con nuestra inhibición, que el proyecto global del Estado de las autonomías sufra a causa de la debilidad del Gobierno", reiteró que el PSOE está dispuesto a apoyar con sus votos al PP. Pero teme que Aznar se ha situado "entre la espada y la pared".