Un juez paraliza un edificio en Marbella y fija una fianza de 350 millones a sus promotores

El Juzgado número 7 de Marbella ordenó ayer la paralización de las obras de un edificio que ocupa parte de una zona verde y cuya altura excede en más de cuatro veces lo permitido por el actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Ésta es la primera vez que un juzgado paraliza una construcción en Marbella por un presunto delito contra la ordenación del territorio. El alcalde, Jesús Gil, que ya recurrió el auto, lo considera un "grave daño para los promotores" y sostiene que el PGOU de Marbella, en el que se basa la resolución, no existe.

El juez Santiago Torres ordenó la paralización del edificio de 13 plantas que construye la sociedad Belmonsa en el centro de Marbella y que cuenta con licencia de obras otorgada por el Ayuntamiento en base a la revisión del PGOU de la localidad, vetado por la Junta de Andalucía. El juez impuso una fianza que suma 350 millones de pesetas a los cuatro administradores de la sociedad, a los dos arquitectos que dirigían la obra y al constructor, que en caso de no hacerse efectiva "se procederá al embargo de sus bienes". El secretario del juzgado, acompañado por efectivos de la Guardia Civil, se personó ayer en la obra para dar cumplimiento al auto. Para el abogado del PSOE José Carlos Aguilera, que ejerce la acción popular, "los indicios que existe un delito contra la ordenación del territorio son patentes, notorios y absolutamente flagrantes" al indicar que debajo de "una calle pública se construyeron dos plantas de aparcamiento". El letrado señaló que esta resolución se anotará en el registro de la propiedad para advertir a posibles compradores. "El caso es extrapolable a otras obras que violenten el PGOU vigente", agregó. La portavoz socialista, Isabel García Marcos, calificó la resolución como "muy buena noticia para los ciudadanos porque se pone fin a la impunidad de las barbaries de Gil, gana el pueblo de Marbella y el estado de derecho". IU también expresó su satisfacción por las paralización de las obras del edificio Torremarina. "Deben prevalecer los intereses generales a los especulativos de unos pocos", señaló su coordinador local, Antonio Domínguez. Por su parte, el PP pidió la intervención de todos los partidos para dar una solución al PGOU de Marbella ante el temor de que "una de las fuentes principales de la economía local se pueda ver paralizada por la inseguridad jurídica que plantea la obcecación del GIL al defender un plan que no se ajusta a derecho". Gil cuestionó el auto, que entiende que "enmienda la plana" a una resolución de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que denegó en marzo pasado la suspensión de la obra solicitada por la Junta. El Ayuntamiento recurrió ayer el auto, que considera que no ignora la distribución equitativa de las cargas y beneficios de los terrenos colindantes, que "han edificado cinco metros cuadrados por metro cuadrado de terreno y no han cedido un solo metro para jardines y viales". El abogado de Gil, José Luis Sierra, corrigió el informe del arquitecto municipal, que consideraba que la obra de Belmonsa no se ajustaba al planeamiento urbanístico y que ocupaba una zona verde, por considerarlo equivocado. Junto a Sierra también están como imputados por un presunto delito contra la ordenación del territorio los siete concejales que concedieron este permiso. Autos del TSJA El Ayuntamiento de Marbella envió ayer a los medios sendos comunicados en el que se resalta que la sala de lo Contencioso del TSJA ha denegado en autos de 18 y 29 de septiembre las peticiones de la Junta de Andalucía para que se suspendieran las licencias de obra otorgadas a varias construcciones, así como la aprobación de un plan parcial del municipio. En concreto, el Ayuntamiento indica en su nota que el TSJA denegó por auto de 29 de septiembre la suspensión de la licencia otorgada por el municipio a la empresa Río Real Playa. Igualmente, añade el comunicado, el TSJA en sentencia de 18 de septiembre desestimó un recurso contencioso administrativo presentado por la Consejería de la Presidencia de la Junta, que impugnaba el acuerdo del ayuntamiento que aprobó el Plan Parcial de Ordenación del Sector URP-RR-10. En esta sentencia, según el Ayuntamiento de Marbella, se insiste en la necesidad de la publicación de todas las normas urbanísticas para que éstas tengan vigor, e insiste en que "la revisión del PGOU de Marbella de 1986 no está vigente puesto que no fueron publicadas su normas y ordenanzas".