Los socialistas acusan a Barberá de falsear documentos públicos en las contratas de farolas

El informe de un interventor del Ayuntamiento de Valencia ha vertido algo de luz sobre el oscuro y enigmático mundo, según califica el Grupo Municipal Socialista, de las contratas de instalación de farolas en la ciudad. Rafael Rubio, concejal socialista, acusó ayer a la alcaldesa, Rita Barberá, de incurrir en una falsedad de documento público y de incumplir la Ley de Contratos del Estado en los expedientes del alumbrado público. También ve indicios de malversación de caudales públicos aunque, de momento, en un "ejercicio de buena voluntad" prefiere pensar "que no falta ninguna farola". La base de la denuncia socialista se encuentra en que, según el informe del interventor, los importes millonarios de las farolas, el reparto de éstas en los distintos proyectos y la ubicación final de las mismas no coincide ni con los datos reflejados en la certificación de los proyectos aportada por el Ayuntamiento una vez terminados ni con los pliegos del concurso de adjudicación. El problema se ha detectado en dos de los seis grupos de proyectos en que se dividió el Plan Integral de Alumbrado Público (PIAP) aprobado en 1994 y que la empresa municipal Aumsa adjudicó por 1.610 millones a dos firmas. En cada uno de estos grupos estaban detallados los proyectos y sus importes así como la ubicación y el número de farolas. Sin embargo, "sin aviso y sin que se sepa quién lo ha decidido" se anula el alumbrado de alguna calle y se acometen otros "en detrimento de los barrios periféricos", según Rubio. En concreto, en el Grupo 1 del PIAP se suprimió la renovación del alumbrado de Quatre Carreres, cuyo presupuesto, aprobado en un acuerdo plenario, se elevaba a 37 millones de pesetas. En el otro grupo alterado, el 2, se suprimió el alumbrado de Pío XII (38 millones). Por contra, se ejecutan otros seis proyectos de iluminación que no han sido aprobados por el pleno. "¿Quién decide que se ilumine la Gran Vía de Germanías? ¿Quién decide que se ilumine la Gran Vía del Marqués del Turia? ¿Y la de Ramón y Cajal?", preguntó ayer Rubio. A estas tres calles mencionadas por el concejal socialista, cuya iluminación ha supuesto 150 millones de pesetas, hay que sumar los proyectos del Jardín Parque del Oeste, de la calle de Ruzafa y de la calle de Gibraltar, con otros 20 millones. Baile de farolas Ahí acaba el baile de millones en los proyectos, por el que el Ayuntamiento ha incumplido la Ley de Contratos del Estado, a juicio de los socialistas, y empieza el baile de las farolas, que implica la falsedad en documento público (la certificación de las obras) denunciada por Rubio. Un baile aderazado por numerosas canciones a las que el interventor ha puesto ahora la letra. Un ejemplo del Grupo 2: "El proyecto de Gran Vía Ramón y Cajal (desde cruce con estación de Renfe hasta cruce con plaza de España) se proyectó para instalar 69 farolas por un importe de 52.586.734 pesetas, habiéndose facturado por un importe de 120.638.065 pesetas y 163 farolas. El examen visual arroja, sin embargo, una cifra de 90 farolas instaladas en la calle". Otro parcheo añade confusión al informe: en las 90 farolas puestas en Ramón y Cajal el interventor contabiliza 21 (entre plaza de España y calle de Jesús) y añade: "Este proyecto no estaba contemplado como parte del PIAP, y fue adjudicado directamente por el Ayuntamiento, mediante acuerdo de Comisión de Gobierno de fecha 8/3/96 a la misma empresa (IMES, SA)". Es decir, según explica Rubio, en esa avenida se ha pagado por 163 farolas, sólo hay 90 instaladas y encima 21 de ellas corresponden a una adjudicación distinta. Como conclusión, el interventor apunta que los contratistas no han respetado los proyectos aunque "no se ha producido el pago por dos veces del mismo proyecto". Sin embargo, el Grupo Socialista ha advertido a Barberá que si no investiga y aclara quién ha variado los proyectos pondrá el caso en manos de sus servicios jurídicos y recurrirá a la vía judicial para "defender el interés de los ciudadanos".