Álava deja de mantener la "Legua del Rey" y acusa al PP de incumplir el convenio

Vitoria - 30 sept 1998 - 00:00CEST

La Diputación de Álava suspenderá el próximo 1 de enero el mantenimiento de la Legua del Rey, el peligroso tramo de 6,7 kilómetros de la N-I a su paso por el Condado de Treviño. La decisión, adoptada ayer, está directamente relacionada a una sentencia del pasado mes de junio por la que el Tribunal Constitucional declaraba que la Administración vasca carece de competencias para actuar en esa carretera, al ser territorio de Burgos. A pesar del origen judicial de esta decisión, el tramo es un elemento más de confrontación política entre Vitoria y Madrid con respecto a Treviño. El diputado general acusó al Gobierno del PP de incumplir los plazos de un convenio firmado hace un año entre las dos Administraciones para transformar ese tramo de carretera en autovía.

Ormazabal culpa al Gobierno central de olvidar a Álava en sus inversiones

El diputado general de Álava, Félix Ormazabal, multiplicó ayer sus críticas al Gobierno central. Además de acusar al Partido Popular de "falta de formalidad y de voluntad política" para solucionar los problemas relacionados con la Legua del Rey, cuestionó su política de ayudas a la provincia. "¿Dónde se han invertido los 2.000 millones en Álava que dijeron? Yo no he visto ninguno", manifestó el jefe del Gobierno foral. Las acusaciones de Ormazabal recibieron una tibia respuesta por parte de Fomento. Un portavoz ministerial avanzó, con respecto al convenio de la Legua del Rey, que el Gobierno tiene previsto cerrar el trámite de la licitación del estudio informativo "antes de que termine el año". Esto significa que sólo podrán transcurrir tres meses desde el momento en que se inicien los trabajos para elaborar el proyecto y el límite del plazo de 18 meses fijado para que esté terminado. La Diputación teme que el ministerio incumpla su parte correspondiente del convenio y se dilate el proceso de construcción. En tal caso contempla la opción de recurrir a la vía judicial. El convenio entre ambas Administraciones obliga a cada una de las dos partes a invertir 4.000 millones de pesetas en la obra.

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