Los peritos declaran ante el juez que la recalificación de Aravaca resulta "chocante"

Los peritos del llamado caso Aravaca tildaron ayer ante el juez "de chocante" la generosidad que mostró el Ayuntamiento de Madrid al recalificar 700.000 metros cuadrados en este barrio para compensar a los expropiados por la M-40. Los peritos explicaron ayer el contenido del informe que el juez les encargó sobre las operaciones urbanísticas aprobadas por el PP en Aravaca (una masiva recalificación que, según los denunciantes, ha permitido a un grupo de personas obtener millonarias plusvalías, y que ahora están siendo investigadas por uso indebido de información privilegiada y tráfico de influencias). El juez ordenó ayer a los peritos que amplíen su informe.El consistorio recalificó más terreno del que se necesitaba para compensar a los expropiados de la M-40, según los peritos. "Normalmente", destacaron los expertos judiciales, "los ayuntamientos nunca van más allá de lo que piden los afectados [por una expropiación] y suelen incluso ser restrictivos; en este caso [el consistorio] ha hecho lo contrario (...)". La investigación es fruto de una denuncia de los vecinos de la urbanización Valdemarín Oeste, quienes esgrimen que nueve de los supuestos beneficiarios compraron suelo "a sabiendas" de que el Ayuntamiento iba a quintuplicar su edificabilidad. Figuran como imputadas nueve personas, entre ellas José Manuel Bartolomé, marido de la ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, así como nombres relacionados con las constructoras de la M-40.

En los 90 minutos de comparecencia, los peritos respondieron a las preguntas que formularon el fiscal, los abogados de la acusación y los defensores de los imputados. Los peritos indicaron que el Ayuntamiento recalificó esa zona porque se trataba de "un suelo vacante y deficientemente urbanizado". "Es curioso catalogar así uno de los suelos más caros de la región", creen fuentes de la acusación.

Para recalificar esos 700.000 metros cuadrados de suelo, sujetos entonces al planeamiento urbanístico de 1985, el Ayuntamiento empleó el cauce de la modificación puntual del plan general. Los peritos, a preguntas del fiscal, indicaron que esa actuación debió acometerse mediante "una revisión del plan, conforme al artículo 124, apartado 4, de la ley del Suelo de 1992".

Una de las partes preguntó a los peritos. ¿Ha habido en esa zona otros suelos vacantes y con deficiente urbanización cuyos propietarios hayan quedado excluidos de esa recalificación pese a haberlo solicitado?". Los peritos contestaron: "Sí".