El Supremo critica a la juez que quiso imputar a Barrionuevo en el 'caso Urigoitia'

La Sala Segunda del Tribunal Supremo remitió ayer a la jurisdicción ordinaria los casos de los fondos reservados y el sumario por la muerte de la etarra Lucía Urigoitia, que le habían sido remitidas con la recomendación de imputar al ex ministro José Barrionuevo. Al devolver el caso Urigoitia, el Supremo dirige un duro reproche a la juez de San Sebastián dado que dicho sumario "carece del razonamiento exigible en cuya virtud el señor Barrionuevo hubiese tenido que ser imputado".

La devolución de ambas causas a sus juzgados de origen, en Madrid y San Sebastián, respectivamente, es consecuencia de la pérdida de la condición de aforado por parte del ex ministro del Interior, al haber sido condenado a 12 años de inhabilitación, -además de a 10 años de prisión-, en la sentencia del caso Marey.En la providencia que determina la devolución del caso Lucia Urigoitia a la titular del juzgado número 2 de San Sebastián, el Supremo señala que la comunicación que la juez "carecía del exigible razonamiento" para imputar a Barrionuevo.

La etarra Lucía Urigoitia murió la noche del 22 de julio de 1987 de un disparo en la cabeza en un enfrentamiento con fuerzas de la Guardia Civil. La versión oficial aseguró que la etarra murió en un cruce de disparos, aunque el cadáver presentaba un tiro en la nuca hecho a quemarropa . La investigación judicial se cerró en 1990 por falta de pruebas, pero se reabrió por el juez Justo Rodríguez en 1995 después de que el convicto ex director de la Guardia Civil, Luis Roldán declarase que la versión oficial era un montaje.

Paralelamente, apareció un supuesto documento del Cesid KA/5104, que afirmaba que "para evitar la actuación de los jueces" se habrían manipulado las pruebas entrando en el domicilio del juez del caso y cambiando los casquillos hallados en el lugar de los hechos, sustituyendo el cañón del arma de la etarra y simulando un impacto de bala en uno de los chalecos antibalas de los agentes que intervinieron en la operación.

La juez no mandó al Supremo ninguna exposición razonada argumentando por qué debía ser citado a declarar Barrionuevo, aunque, según Europa Press, sí envió la causa completa, incluida la pistola que llevaba Urigoitia al morir y el chaleco antibalas de uno de los guardias que intervinieron en la operación, supuestamente manipulado posteriormente.

Máximo responsable

En la causa sí figura una argumentación del anterior titular del juzgado donostiarra, Justo Rodríguez, que pedía que se citara a Barrionuevo como imputado por considerar insoslayable que, como máximo responsable de Interior en las fechas de la muerte, debió tener algún conocimiento de si hubo alteración de pruebas del caso, como se afirmaba en un documento del Cesid redactado por el ex coronel Juan Alberto Perote, entonces jefe de la Agrupación Operativa de Misiones Especiales del Centro de Inteligencia.El Supremo también ha devuelto al juzgado de instrucción número 5 de Madrid el sumario sobre la presunta desviación irregular de fondos reservados del Ministerio del Interior durante la etapa de Gobierno socialista.

El pasado 18 de junio, y coincidiendo con la declaración de Barrionuevo ante el tribunal que le juzgaba por el caso Marey, la juez Carmen Valcarce remitió al Supremo una exposición en la que sostenía que había indicios racionales para citar a Barrionuevo en calidad de imputado. La juez subrayaba que "durante su periodo como ministro del Interior era el máximo responsable del destino y finalidad de los fondos reservados adjudicados a su Ministerio, y por lo tanto, bien por acción o por omisión de la desviación de los mismos en cuantía no desdeñable".

En el caso de los fondos reservados están también imputados el también ex ministro José Luis Corcuera, el ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera, el ex director de la Seguridad Julián Sancristóbal, el ex jefe del Mando Antiterrorista Francisco Álvarez; el ex director de la Guardia Civil Luis Roldán, el ex gobernador civil de Vizcaya Iñaki López; el ex director general de Policía José María Rodríguez Colorado, el ex subdirector operativo de la Policía Agustín Linares, el ex secretario de Vera, Juan de Justo, y el abogado Jorge Argote.