El precio de la paz

La reciente tregua de ETA plantea un dilema político emparentado con el que enunciaron en 1977 dos economistas, Kydland y Prescott: la "inconsistencia temporal" (time-inconsistency) de las conductas óptimas. Ese ya clásico dilema surge cuando para evitar un mal futuro (una devaluación, un rebrote de la inflación, un déficit presupuestario excesivo...) resulta útil asumir unos compromisos radicales ("jamás devaluaremos", "la política monetaria reprimirá con energía cualquier brote inflacionista", "impondremos severas multas al país con déficit excesivo"...). Pero si nuestra resistencia fracasa, dejará de ser óptimo cumplir nuestras amenazas ("encima de que el país X atraviesa una grave crisis financiera ¿le vamos a poner una multa?"). Al ser poco creíble, nuestra amenaza se tornará eficaz, lo que alentará el mal que queríamos evitar y nos obligará a redoblarla. Al deseo de atajar esa debilidad nacida de la "inconsistencia temporal" responde el "constitucionalismo económico" (esto es, obligar a los gobernantes a seguir ciegamente reglas fijadas de antemano, vedándoles cualquier margen de discrecionalidad).De forma parecida, el abandono de las armas por parte de ETA hará que aflore para los partidos democráticos un problema de "inconsistencia temporal" hasta ahora larvado. Pues, en el fragor de la lucha contra el terrorismo, algunas fuerzas políticas abogaron por el máximo rigor en las penas ("cumplimiento íntegro de las condenas") y negaron o anatematizaron -según fueran Gobierno u oposición- cualquier diálogo político con los terroristas. ¿Cómo ser magnánimo o negociar con asesinos?

Pero como ha recordado el lehendakari José Antonio Ardanza a los "amnésicos", los puntos 9 y 10 del Pacto de Ajuria Enea abrieron ya un portillo al futuro indulto si ETA abandonaba las armas. Así pues, si la reciente tregua fuera preludio de ese definitivo abandono, la reinserción individual de los terroristas -una medida de gracia conforme con la Constitución- será parte del precio de la paz.

Para los nacionalistas, esa medida permitirá a la sociedad vasca "mirar al futuro" y exigirá que los no nacionalistas "cambien de chip". Para las víctimas del terrorismo tales indultos significarán que los terroristas "mataron y mutilaron gratis". Aun así, las medidas de gracia valdrán la pena si garantizan una paz duradera.

Pero parece que el PNV, privilegiado intérprete de las condiciones tácticas de ETA para abandonar las armas, incluirá también entre ellas una interpretación o modificación de la Constitución española que otorgue al País Vasco el derecho de secesión. Ciertamente, el Tribunal Constitucional canadiense acaba de reconocer a Quebec el derecho a pactar, bajo condiciones muy estrictas, su separación de Canadá.

El Tribunal Constitucional entendió que ese derecho, aunque limitado, parece consustancial a la concepción democrática de un Estado (¿por qué habría de ser un Estado más indisoluble que el matrimonio?). Semejante razonamiento parecía aplicable a España, por más que en nuestro caso entrañara "abrir el melón" de la Constitución, proceso de repercusiones imprevisibles.Ahora bien, sin descartar en el futuro ese potencial horizonte de reforma constitucional, iniciarlo o diseñarlo ahora para que ETA deje de matar constituiría un nuevo episodio golpista en el que esta vez el PNV jugaría el papel de Tejero o del general Armada.

En una negociación, el excesivo margen de maniobra es fuente de debilidad. De ahí el inapreciable valor de aquellas reglas que, ancladas en una Constitución económica o política, no resultan negociables.