Un vicerrector de la Jaume I ocupa la dirección general de Economía
José Manuel Vela Bargues, catedrático de Economía Financiera y Contabilidad y vicerrector de gestión económica e infraestructuras de la Universidad Jaume I de Castellón fue nombrado ayer director general de Economía de la Consejería de Economía y Hacienda en la reunión plenaria del Consell. Vela Bargues ocupa la plaza que deja vacante, a petición propia, Javier Quesada. El director general de Economía tiene una alta responsabilidad en las relaciones con la Comisión Europea y gestiona los fondos estructurales procedentes de Bruselas. También es responsable de trasladar los indicadores económicos sobre los que se basa la Comisión Europea para decidir la distribución de las ayudas correspondientes al denominado Objetivo 1. En el capítulo de nombramientos, el Consell designó a Vicente Garrido Mayol, actual secretario del Consejo Jurídico Consultivo, como consejero del órgano consultivo de la Generalitat. Garrido ocupa la plaza que dejó vacante Luis Saura desde que asumió, la semana pasada, el cargo de Síndic de Greuges. El Consell también dió nuevo impulso a la comisión que negocia las transferencias del Estado a la Comunidad Valenciana, que constituyen los secretarios de cuatro consejerías. El organismo permanecía en barbecho desde la última remodelación del Consell, hace año y medio. "Bous al carrer" La Consejería de Presidencia sometió para su aprobación un decreto que regula los festejos taurinos ajenos a la lidia, conocidos como bous al carrer. La nueva normativa al respecto hace especial incidencia en cuestiones de seguridad y pretende limitar al máximo el riesgo de accidentes. El decreto exige la presencia de un servicio médico-quirúrgico que pueda atender a posibles heridos es casos de emergencia, así como la ubicación de una ambulancia en las inmediaciones de las instalaciones médicas. La dotación médica será responsabilidad de los organizadores de las fiestas tradicionales, así como la suscripción de pólizas de segurode un millón de pesetas por participante. La responsabilidad civil se elevará hasta 10 millones de pesetas, desde los dos fijados en la actualidad, para casos de falleciento o invalidez permanente como consecuencia de accidentes durante las fiestas tradicionales. Las reses que participen en los festejos no deben haber sido lidiadas con anterioridad y los organizadores están obligados a garantizar que los animales no son maltratados durante la celebración de las fiestas correspondientes. Por razones de seguridad, las astas de las reses deben ser despuntadas y romas, una medida cuya responsabilidad corre a cargo del propietario de la ganadería. El decreto establece que los menores de 16 años no podrán acceder a las zonas acotadas para la fiesta. Lo mismo que aquellas personas que carezcan de las condiciones físicas adecuadas.
