Lealtades

VICENT FRANCH Celebrada una y otra vez la cuenta de resultados del proceso que ha conducido a la aprobación de la ley que crea la AVL, no está de más recordar, por si determinados olvidos durmiesen en la bocamanga de alguien, o estuviesen al servicio del prurito de algún descuidero cuyo oficio es el tirón a los jirones de la moralidad pública, que en los pactos modernos, como en los negocios de cuando este país tenía leyes propias, la primera regla, aquello que de verdad les confiere rango, es la presunción de lealtad de las partes. Aquí y ahora, y vistos los silencios que se ciernen sobre la composición final de la AVL, o, por lo menos, la incertidumbre que se palpa en la nómina de los lingüistas y escritores que habrían de representar en el órgano al sector secesionista, es muy conveniente plantear abiertamente que en la AVL no puede haber ni un solo nombre representando objetivos diferentes a los recogidos, primero en el dictamen del CVC, y segundo, en el preámbulo que abre la ley que debía publicarse un día de éstos. Aunque el debate sobre la fuerza vinculante de los preámbulos de las leyes está ya un poco pasado de moda, y a pesar de que lo que el legislador quiere decir lo consigna directamente en el texto articulado, la presencia de las exposiciones de motivos que preceden al texto articulado permite entender de una manera inequívoca el sincretismo de los preceptos que sólo enuncian procedimientos o reglas de funcionamiento. La ley que comentamos y su exposición de motivos proceden directamente de dos compromisos concatenados: el primero, el encargo que las Corts hacen al CVC; el segundo, la aceptación que las Corts hacen del dictamen del CVC convirtiéndolo en una ley expresamente motivada. Siendo el objeto evidente del proceso establecer mecanismos de paz política en el ámbito del conflicto lingüístico mediante la provisión de una institución técnica donde rescatar el debate del apasionamiento para la tranquilidad erudita, no tiene el menor sentido proveer el órgano resultante del pacto con actores que por activa y por pasiva han declarado, ellos y/o sus patrocinadores, que no aceptan ni los términos del dictamen que la mayoría del CVC aprobó, ni la ley que el Parlamento votó por abrumadora mayoría, porque lejos de integrarles al trabajo común y leal que se supone han de protagonizar, se deslegitima el pacto de mayorías (tan trabajosamente conseguido) y se da entrada en la Academia a gente cuyas fidelidades están cantadas de antemano y pregonadas como entorpecedoras de la normalidad que una institución técnica y científica necesita. Porque si, además, sus patrocinadores y mentores políticos van a continuar echando leña al conflicto con el decidido propósito de rentabilizarlo electoralmente, es de necios facilitarles sillones en la academia, porque desde allí harán de quinta columna de quienes les amparan y jalean. Tendrían, en ese caso, un doble frente a su disposición, el político, para el que son todo lo libres que les permita su falta de responsabilidad histórica, y el académico, facilitado sin mediar lealtad al pacto. Es muy fácil imaginarse al perturbador de turno saliendo hoy si y mañana también a buscar la noticia aclamándose porque alguien en la AVL ha dicho aquest en lugar de est o la biblioteca ha comprado, por ejemplo, una edición de la Obra Completa de Ausiàs March editada por Eliseu Climent (¡qué horror!). Sin lealtad, su lugar está en la calle.