Educación da un plazo a Aguirre para que legalice a los profesores de Religión

El consejero de Educación, Manuel Pezzi, quiere dar por zanjado el asunto de los profesores de Religión de Primaria, que ya le ha costado una multa de la Inspección de Trabajo en Cádiz por la que deberá pagar alrededor de 1.000 millones de pesetas si el recurso no se resuelve a su favor. Pezzi ha dado un ultimátum al Ministerio de Educación y a los Obispos del Sur para que atiendan las peticiones salariales de estos profesores y cumplan con la Seguridad Social. De no ser así, no habrá clases de Religión para los alumnos andaluces de Primaria.

La historia laboral y salarial de estos profesores arranca en 1993, año en que se publica en el Boletín Oficial del Estado el convenio suscrito entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Conferencia Episcopal Española. En aquel texto se acordó que sería el Gobierno el encargado de la retribución económica de estos profesores -que se iría incrementando hasta la equiparación con el resto en 1998- y de adoptar las medidas oportunas para que se den de alta como trabajadores autónomos en la Seguridad Social. La primera parte se cumplió sólo a medias porque estos maestros siguen cobrando 85.000 pesetas como máximo. Y la segunda se desobedece por completo: el escaso salario no da para pagar la Seguridad Social. Y así han funcionado las cosas hasta el curso pasado en que los inspectores de Trabajo encontraron en los colegios de Andalucía esta situación ilegal. "No me parece casual que las únicas inspecciones se hayan hecho aquí y no en otras comunidades en las que la situación es idéntica. Están dirigidas para provocar problemas en Andalucía desde el Ministerio de Trabajo que preside el señor Arenas", acusó ayer el consejero de Educación. Sea como fuere, el caso es que la Inspección en Cádiz decidió hace unos meses resolver que era la Consejería de Educación la responsable de la situación ilegal de estos trabajadores puesto que desempeñaban sus tareas en colegios andaluces. Y se condenó a la Consejería a pagar una multa que Pezzi no cuantificó ayer pero que ascendería a más de 1.000 millones de pesetas porque habría que cubrir los costes acumulados de cinco años en situación ilegal. Ultimátum "No nos pagan la deuda histórica, no nos reconocen el censo y ahora encima pretenden que paguemos los 6.000 millones que costaría hacerse cargo de estos profesores sobre los que no tenemos ninguna competencia", ha sido la respuesta de Pezzi, acompañada de un ultimátum para el Ministerio de Educación y para los Obispos del Sur, encargados de proponer a estos docentes: "Si el 25 de septiembre no se cumple la normativa y estos profesores no se dan de alta en la Seguridad Social, no serán designados por la Consejería para que den clase". Es la última palabra. De tal forma que en conversaciones mantenidas semanas atrás con los obispos -que luego se formalizaban por escrito a petición de la Consejería- estos reconocieron que era competencia del Ministerio la situación laboral y salarial de los maestros de Religión, pero pidieron una moratoria de ocho días mientras despachaban con el Ministerio y solicitaron al consejero que permitiera entrar a los profesores en los centros para "planificar el curso" y que éste comenzara con normalidad. Petición concedida. La propia ministra, Esperanza Aguirre, comunica a Pezzi, en una carta fechada el pasado 11 de septiembre que "en el anteproyecto de los presupuestos generales del Estado para 1999 se contempla un incremento [...] para la retribución del profesorado de Religión por valor de 4.000 millones de pesetas que permitirá a partir de enero afrontar el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social de dicho profesorado". Un nuevo plazo que ha sido aceptado aunque la Consejería seguirá sin designar a estos profesores. Pero, si el curso avanza con normalidad y los docentes de Religión no han sido designados, ¿qué hacen en clase? "Planificar el curso con los alumnos". Con esta frase que encierra una ambigüedad manifiesta, esperan desde la administración andaluza que la situación se resuelva con el menor trastorno para los alumnos. Pero "si vuelven las hostilidades", dijo Pezzi, en referencia a las inspecciones de Trabajo, "y estos profesores no están dados de alta aún, tendrán que retirarse de los centros". "Y culparé al Gobierno por intentar desestabilizar las buenas relaciones que mantenemos con los Obispos y con los profesores de Religión".