El alcalde entrega a la iglesia tres de las 17 parcelas prometidas en 1997

El polémico convenio firmado en noviembre de 1997, por el cual el Ayuntamiento entregaba al arzobispado 17 parcelas para construir iglesias y recibía a cambio de ocho terrenos que valían 600 millones menos, se ha puesto en marcha. El próximo pleno municipal aprobará la cesión de las primeras tres parcelas, una en Barajas, otra en San Blas y otra en Hortaleza. El concejal socialista José María de la Riva criticó ayer el hecho y lo calificó de "perjudicial para el municipio e injustificable".

En la documentación que se adjunta en el convenio se especifica que los terrenos que va a recibir el municipio valen 1.029 millones de pesetas; los que pasan a poder de la iglesia, 1.688 millones, según los cálculos de los propios técnicos municipales. Entre las parcelas que obtiene el Ayuntamiento se cuenta una finca denominaba Montecarmelo, de 213.000 metros cuadrados, situada en el distrito de Fuencarral y protegida ecológicamente. "El alcalde se está ganando el cielo con el patrimonio de todos los madrileños", afirmó ayer el concejal de la Riva.Las tres parcelas cuya cesión pasará hoy por la comisión de Urbanismo son las siguientes: Arroyo del Santo, en Hortaleza que vale 56 millones; Arroyo del Tesoro, en Barajas, de 74 millones y la Quinta de los Molinos, en San Blas, de 87 millones.

Cuando se firmó el convenio la oposición municipal criticó con fuerza la permuta. El PSOE denunció que el Ayuntamiento perdía dinero con el convenio e IU señaló que dos de las parcelas incluidas en el acuerdo, una en la Alameda de Osuna, y otra al lado de la basílica de San Francisco el Grande, no debían pasar bajo ningún concepto a manos de la iglesia.

Condiciones del acuerdo

A pesar de las críticas, el pleno municipal de noviembre del año pasado aprobó las condiciones del acuerdo pero los técnicos municipales señalaron que no se podía ejecutar en bloque. Así que el Ayuntamiento decidió llevarlo poco a poco, esto es, parcela por parcela.El concejal de Urbanismo, Ignacio del Río, del PP, defendió en su día las bases del acuerdo, justificando que los terrenos que se cedían al arzobispado eran "solares que rematan operaciones municipales o parcelas reclamadas hace mucho por los vecinos".

El edil de Urbanismo no estaba de acuerdo con la crítica que denunciaba la pérdida de patrimonio del municipio. Del Río señaló que el valor adjuntado por los técnicos era "puramente testimonial". Además, hacerse con la finca de Montecarmelo era "una manera de proteger el medio ambiente".