Medio Ambiente reconoce anomalías en Girona, pero no entre altos cargos

El Ministerio de Medio Ambiente admitió ayer la existencia de graves irregularidadades en el servicio de Costas de Girona, aunque las circunscribió al funcionariado de la Administración y aseguró que no está implicado ningún alto cargo ministerial. Ésta es la primera reacción oficial de Medio Ambiente ante la investigación que el Juzgado número 4 de Girona abrió a finales de julio (actualmente la continúa el número 6) para tirar del hilo de una presunta trama corrupta descubierta en la delegación territorial de Costas en Girona. Mientras, el Ministerio de Fomento ofreció su colaboración a la autoridad judicial encargada de la investigación.

La investigación judicial se inició cuando un empresario figuerense, Josep Aldehuelo, conocido por sus continuos litigios con las administraciones, denunció que un topógrafo de la dirección de Costas de Girona, actualmente de baja laboral, pretendía venderle por dos millones de pesetas documentación que demostraba, presuntamente, la existencia de una trama corrupta dedicada al cobro de comisiones ilegales en la adjudicación de obras públicas en la zona marítimo-terrestre. La Guardia Civil grabó en un restaurante de las cercanías de Girona el encuentro del empresario con el topógrafo y su contacto, un trabajador de su empresa. Inmediatamente después de la transacción, los agentes realizaron la detención. Fue en la declaración ante el juez cuando el técnico facilitó a la Guardia Civil los detalles que, junto con los documentos incautados, pusieron a los agentes sobre la pista de determinados altos cargos corruptos, alguno de los cuales podría trascender la demarcación de Girona. A pesar de que todas las actuaciones judiciales están bajo secreto sumarial y no hay certeza sobre los nombres de los investigados, ha trascendido que se han observado espectaculares incrementos patrimoniales en determinados altos cargos durante los últimos 14 años. A raíz de la investigación, algunos implicados en la trama corrupta también se ofrecieron a testificar ante la Guardia Civil y denunciar, en un efecto dominó, la implicación de sus superiores. El número de citaciones que ha enviado el juzgado gerundense, que podría superar el medio centenar, y el desplazamiento a Madrid en busca de documentación de agentes de la brigada de delitos económicos ejemplifican el enorme alcance de la investigación. Entre los citados se encuentran representantes de grandes empresas constructoras que han participado en diversas obras públicas. La investigación pretende probar que la adjudicación de ciertas obras en la franja marítimo-terrestre está pactada de antemano entre los empresarios licitantes y que los presupuestos se tasan entre un 40% y un 60% por encima de su valor real, diferencia que se embolsan las constructoras y cargos corruptos del ministerio. También se investiga el presunto desplazamiento irregular de los lindes territoriales. La nota de prensa difundida ayer por el Ministerio de Medio Ambiente negaba cualquiera de estas posibilidades y destacaba la transparencia en materia de licitaciones, contratación de obras y lindes.