La tensión del "caso Marey" marca el inicio de un curso judicial plagado de asuntos políticos

El nuevo curso judicial, anticipado por el Tribunal Supremo con el fulminante encarcelamiento de José Barrionuevo y Rafael Vera, pero que oficialmente comenzará hoy con la solemne ceremonia de apertura de los tribunales por el Rey en el Palacio de Justicia de Madrid, se vislumbra tan politizado como el anterior. Si el precedente culminó con el juicio del caso Marey tras procesos como los de Filesa o el de la Mesa Nacional de HB, éste proseguirá con los sumarios sobre los fondos reservados de Interior y la vista del caso Lasa-Zabala, entre otros. Mientras tanto, el Constitucional sigue pendiente de renovación, el Poder Judicial tiene que resolver el expediente abierto al juez Joaquín Navarro y el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, puede acabar salpicado por el cariz que está tomando el caso Liaño.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo fue la estrella del pasado curso judicial: al juicio y condena de algunos procesados del caso Filesa (financiación irregular del PSOE), en octubre, siguió en diciembre el encarcelamiento, con penas de siete años de cárcel, de los 23 dirigentes de HB (colaboración con banda armada por el vídeo electoral de ETA). El periodo culminó en julio con la sentencia de diez años a José Barrionuevo, ex ministro del Interior; Rafael Vera, ex secretario de Estado, y Julián Sancristóbal, ex gobernador civil de Vizcaya, y de entre dos y nueve para los otros nueve procesados por el secuestro de Segundo Marey por parte de los GAL.La entrada en prisión de Barrionuevo y Vera, lejos de disipar su horizonte procesal, supone sólo la subida del primer peldaño al Gólgota de los jueces. Este mismo año pueden recibir dos nuevas sentencias condenatorias en otros tantos sumarios sobre los fondos reservados de Interior.

Ambos, junto a José Luis Corcuera, también ex ministro del Interior, están incursos en el sumario sobre el supuesto pago de sobresueldos a altos cargos del ministerio con dinero procedente de los fondos reservados, que se tramita en el Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid.

Tras años de instrucción, la juez titular del mismo, Carmen Valcarce, remitió la causa al Supremo precisamente el mismo día de la declaración de Barrionuevo en el juicio del caso Marey, lo que, oportunamente, recogieron los medios informativos. Mal augurio para el ex ministro. Sobre todo, ahora que, inhabilitado como diputado, el asunto no será tramitado por el Supremo, sino precisamente por Valcarce.

La Audiencia Nacional se ocupa estos días de la reanudación del juicio de Mario Conde y sus colaboradores por el caso Banesto, en el que el ex banquero se juega 35 años de prisión. Entretanto, el juez de vigilancia ha resuelto favorablemente para Conde su situación penitenciaria.Tras un recurso del fiscal, ha reanudado la concesión de sus permisos extraordinarios de fin de semana, otorgados con el beneplácito del director de la cárcel madrileña de Alcalá-Meco, Jesús Calvo, y el respaldo mayoritario de la Junta de Régimen tras haber cumplido apenas cuatro meses de una condena de más de cuatro años.

El juicio del caso Lasa-Zabala (tortura, secuestro y asesinato de estos dos presuntos etarras)puede dar comienzo en la próxima primavera. Los acusados son Enrique Rodríguez Galindo, general de la Guardia Civil; Julen Elgorriaga, ex gobernador civil de Guipúzcoa; Jorge Argote, abogado; el propio Vera, como supuesto encubridor; Ángel Vaquero, comandante de la Guardia Civil, y los agentes Enrique Dorado y Felipe Bayo.

En otro frente de actividad, el Supremo proseguirá la instrucción del caso Tomey, en el que está imputado por supuestas irregularidades económicas Francisco Tomey, presidente de la Diputación de Guadalajara y senador del PP, y el caso Liaño, en el que está procesado por tres delitos de prevaricación y suspendido de funciones el polémico juez Javier Gómez de Liaño.

Por este último sumario declaró el pasado viernes Juan Ortiz Úrculo, ex fiscal general del Estado, quien explicó que intentó parar al fiscal Ignacio Gordillo, en el caso Sogecable, cuando pidió fianzas para varios imputados pese a las órdenes recibidas por escrito de que no solicitase medidas cautelares, ya que no se había apreciado la existencia de delito alguno.

Estas investigaciones pueden salpicar al actual fiscal del Estado, Jesús Cardenal, quien tuvo una intervención contradictoria, ratificando primero las órdenes de Úrculo a Gordillo y allanándose y disculpando después su posible desobediencia.

Con este panorama, el Consejo del Poder Judicial celebrará mañana, martes, su primer pleno tras las vacaciones. Entre las tareas pendientes está la de afrontar el expediente al juez Joaquín Navarro por sus insultos a magistrados de la Sala Segunda del Supremo en artículos en El Mundo. El CGPJ se lo devolvió al instructor para que éste concretara el tiempo de suspensión de funciones que debía imponérsele.

Mientras tanto, el Gobierno y la oposición tienen que afrontar la renovación de cinco magistrados del Constitucional, pendiente desde hace siete meses. El Senado tiene que designar a cuatro de los magistrados y el CGPJ a uno, en sustitución del fallecido Enrique Ruiz Vadillo. También habrá que elegir un nuevo presidente, ya que el actual, Álvaro Rodríguez Bereijo, se encuentra entre los que serán reemplazados.