Los empresarios y algunos vecinos, únicos apoyos del PP para construir el Palacio en el Benacantil

El gobierno municipal de Alicante, del PP, se ha quedado casi solo en la defensa de la ubicación del futuro Palacio de Congresos en la ladera norte del monte Benacantil, en cuya cima se halla el castillo de Santa Bárbara. Sólo el sector empresarial, el Consejo Local de Turismo y vecinos del barrio de San Antón, limítrofe con la falda del monte, se muestran partidarios del emplazamiento proyectado por el equipo del alcalde, Luis Díaz Alperi. Al rechazo popular se une un informe de la Dirección General de Patrimonio en el que se califica la obra de "inviable".

"Aquí no lo queremos". Éste es el lema de la campaña iniciada por la plataforma ciudadana Salvem el Benacantil, con cuyos postulados comulgan la oposición municipal (PSPV, EUPV y NE), el Bloc Progresista, UV, UGT y CCOO, asociaciones vecinales, ecologistas y culturales. En el horizonte de sus reivindicaciones aparece el anhelo de conseguir que el Ayuntamiento realice, por primera vez en la historia de Alicante, una consulta popular. Ello será posible si la plataforma consigue reunir las firmas del 10% de la población censada, lo que en Alicante se traduce en entre 19.000 y 20.000 personas. Antes de iniciar formalmente la campaña, han conseguido ya 1.000 firmas. Las razones por las que los detractores del proyecto consideran que la ubicación pensada no es la correcta se pueden dividir en tres grupos: ecológicas, funcionales y paisajísticas. Las primeras aducen que la ladera norte del monte Benacantil podría convertirse en "el mayor y más céntrico pulmón verde de la ciudad", según el portavoz municipal de EU, José Luis Romero. Esta formación, la única que votó en contra del proyecto cuando éste se sometió al pleno del Ayuntamiento a mediados de 1997, considera que se debe aplicar en la ladera el Plan Especial del Benacantil, un proyecto para su repoblación forestal que data del último gobierno del socialista José Luis Lassaleta, uno de los promotores de la plataforma. Para el ecólogo y miembro de la mesa directiva de la misma, Carlos de Aguilera, "ecológicamente, el proyecto es un desastre, porque el monte es algo vivo que quiere vivir". Las razones funcionales se centran en las dificultades que supondrá llegar al palacio. En este sentido se pronuncia el informe de Patrimonio, cuando argumenta que los problemas que plantea la habilitación de accesos motivan que el proyecto tenga una "dudosa" implantación urbana. El autor del informe, el arquitecto Santiago Varela, es tajante a la hora de valorar el aislamiento para la zona que supondría el edificio y añade que el monte quedará convertido en "un enorme espacio natural al que la ciudad parece dar la espalda, aislándolo, en vez de integrarlo". Este informe centra su valoración negativa en el tercer grupo de razones: las que sostienen que el edificio incidirá negativamente en el entorno del castillo de Santa Bárbara, declarado Bien de Interés Cultural. El texto califica de "llamativas" las dimensiones del palacio, pese a que el arquitecto del proyecto, Juan Antonio García Solera, recibió la orden de reducir el edificio en cuanto surgieron los primeros rechazos. Surge entonces la duda de si, con el ajuste, merece la pena construir el palacio en el Benacantil. "Si lo elevan se comen el paisaje y si lo acortan se convierte en un garbanzo semisubterráneo. En ambos casos, es una aberración urbanística", afirma De Aguilera. En el ámbito político, el proyecto se ha convertido en un arma arrojadiza en manos de la oposición, que protagonizó una airada protesta el jueves pasado por el hecho de que el PP hubiera mantenido el informe de Patrimonio encerrado en un cajón durante casi cuatro meses. El secretario general del PSPV local, Ángel Franco, señaló el viernes que "el edificio destrozará un lugar emblemático para la ciudad" y el edil José Luis Romero (EU) aseguró que el PP comete "un enorme error político, y si no se da cuenta, que deje hablar a los ciudadanos".