El municipio de Tarragona declara la "guerra legal" a ACESA y le exige el 100% del IBI

El clima de repulsa generado en algunos ayuntamientos por la política de peajes y concesiones de autopistas ha dado pie a un enfrentamiento abierto. En Tarragona, las reiteradas negativas de ACESA a rebajar los peajes de las comarcas de Tarragona y a levantar las barreras para evitar los colapsos que se producen cada vez que hay un accidente en la N-340, ya de por sí saturada habitualmente, han decidido al consistorio a declarar "una guerra legal" a la concesionaria de la autopista A-7. La primera acción será exigirle con toda energía el pago del impuesto de bienes inmuebles (IBI).

ACESA adeuda a Tarragona más de 18 millones de pesetas en concepto de IBI. La decisión de Tarragona contrasta, en principio, con la táctica que ese Ayuntamiento, junto con otros 37 municipios más de la provincia, parecía haber adoptado últimamente al exigir que fuera el Estado el que se hiciera cargo del 95% del importe de este impuesto que están exentas de pagar las empresas concesionarias de autopistas. El accidente a la entrada de Tarragona del martes pasado entre un autobús municipal y un camión que causó la muerte a cinco personas -y en el que, una vez más, la concesionaria se negó a levantar las barreras- y el acuerdo hecho público anteayer para rebajar los peajes de los accesos de Barcelona han sido el detonante que ha motivado esta declaración de "beligerancia" del Ayuntamiento contra ACESA. El consistorio considera el acuerdo de rebaja de peajes como un agravio comparativo. Su portavoz, el teniente de alcalde Ángel Fernández (CiU), lanzó ayer duras críticas contra la propia Generalitat por esta "burla y desprecio" a la provincia. El presidente de la Federación de Vecinos de Tarragona, José Cosano, no descartó llevar a cabo un corte de la autopista por la "insolidaridad demostrada por ACESA en los momentos en que más la necesitamos los usuarios con los que está ganando tanto dinero". El alcalde de Tarragona, Joan Miquel Nadal, y otros 11 alcaldes de la provincia encabezarán una manifestación el próximo lunes hasta el lugar donde se produjo el siniestro, cerca de la Punta de la Mora, para exigir una solución inmediata, ya sea en forma de una reducción de peajes o con el adelanto de la construcción del segundo cinturón de la ciudad. Delito medioambiental La decisión del Ayuntamiento de Tarragona de exigir ahora el pago del IBI a ACESA tendrá que ser contrastada con una reunión que se realizará este mes de septiembre en la ciudad, durante la cual los 38 principales municipios de la provincia, la mayor parte de CiU, pedirán a sus representantes políticos en Madrid que sea el Estado el que se haga cargo del pago del 95% del IBI que las concesionarias están dispensadas de abonarles en concepto de bonificación. El importe que deberían haber cobrado los ayuntamientos de Tarragona sólo durante 1995 asciende a 222 millones de pesetas, de los cuales no cobrarán más que el 5%, es decir, unos 11 millones de pesetas. En la actualidad, esta cantidad estaría situada en unos 240 millones. En el conjunto de España, el IBI que deberían haber cobrado los municipios si las concesionarias pagasen el 100% de esta contribución asciende a 2.600 millones de pesetas, suma que los ayuntamientos consideran que puede asumir perfectamente el Estado. La reclamación del pago del IBI es una vieja reivindicación de los 38 principales municipios de la provincia de Tarragona. Los alcaldes de Sant Sadurní d"Anoia, Joan Amat (CiU), y de Gelida, Joan Rosselló (PSC), consideran injusta y discriminatoria la rebaja del peaje. El alcalde de Gelida ha decidido incluso denunciar a ACESA ante los tribunales de justicia como presunta autora de un delito medioambiental. Los hechos denunciados por el alcalde Rosselló acusan a empleados de ACESA de haber arrojado basuras al río Anoia, el pasado 16 de agosto, en un intento de despejar la autopista tras un accidente. El acuerdo no prevé medidas de descuento para los residentes en el Penedès y el Anoia. Rosselló dijo ayer que "es un mal acuerdo porque hipoteca a los ciudadanos a seguir pagando la autopista por muchos años". Los municipios de la zona norte del Penedès y el Anoia han manifestado reiteradamente la discriminación que padecen los vecinos de estos municipios, que continuarán pagando el doble y el triple por cada kilómetro de autopista recorrido. El propio alcalde de Barcelona, Joan Clos, terció ayer en la polémica de los peajes al afirmar que no supone ningún avance "porque estamos donde estábamos". El alcalde dijo que se cobran peajes debido a la escasa inversión en infraestructuras en Barcelona. Clos pidió más inversión pública para que el transporte público pueda asumir 1.000 millones de viajes por año (ahora asume 650 millones), "si no, estamos abocados al colapso circulatorio". La Organización de Consumidores y Usuarios de Cataluña (OCUC) criticó que los usuarios de las autopistas no hayan intervenido en las negociaciones de rebaja de los peajes: "Esto lo hemos reclamado reiteradamente, cuando hemos aportado un amplio informe que queríamos defender". En un comunicado, la OCUC señaló que seguirá reclamando una "presencia activa" en una negociación que a su juicio está inacabada. Por otra parte, esta organización consideró que la rebaja es "mínima en cantidad", sobre todo teniendo en cuenta que las autopistas son una concesión administrativa y una situación "casi monopolista" porque, según la OCUC, el uso de alternativas por los usuarios es casi inviable, al menos en ciertos periodos, como los fines de semana. La OCUC reclama que se tengan en cuenta las peticiones del Parlament sobre la gratuidad del uso de las autopistas durante los fines de semana. Además, criticó que la rebaja se limite a las autopistas de las cercanías de Barcelona y que "no abarque ni mucho menos todas las concesiones". La organización de consumidores lamentó que el acuerdo "llegue tarde", dado que lo ha reclamado desde hace más de un año, y que se haga efectivo tras la vacaciones de verano, "que suponen una utilización mucho más elevada de las autopistas", mientras que fue anunciada hace cuatro meses, según la organización. Competitividad Por lo que respecta a los partidos políticos de la oposición, tras las declaraciones de ayer contrarias al acuerdo de Iniciativa per Catalunya (IC) y el Partit dels Socialistes (PSC), Esquerra Republicana (ERC) y el Partit per la Independència (PI) también criticaron el pacto ACESA-Fomento-Generalitat. ERC de Terrassa considera que el pacto es un "menosprecio" a la ciudadanía catalana y que afectará a la futura competitividad de la economía catalana en sentido negativo. El diputado del PI Salvador Morera pidió la comparecencia del consejero de Política Territorial y Obras Públicas, Pere Macias, ante un "acuerdo trampa legal que perpetúa la existencia de los peajes". En defensa del acuerdo de rebaja de los peajes se manifestó el presidente del PP de Barcelona, Antonio Ainoza, quien afirmó que la propuesta socialista de supresión de los peajes "es demagógica, antisocial y muestra escasa sensibilidad ecológica". Ainoza mantiene que la gratuidad del peaje incentivaría el uso del transporte privado y, con ello, más trastornos medioambientales. "Incluso en países como Alemania, con autopistas gratuitas, se están planteando la introducción de peajes".