Cuotas

El PSOE ha anunciado la presentación de una proposición parlamentaria para reformar la normativa electoral, de modo que se establezca por ley que todas las listas incluyan al menos un 40% de mujeres. Con esta propuesta, el PSOE da un paso más en la política de discriminación positiva que defiende y es consecuente con el principio de la democracia paritaria adoptado en su congreso. El hecho de que no lo cumplieran en las elecciones gallegas indica la dificultad que entraña ser coherente con una medida de este tipo y refuerza la idea de que si la participación de la mujer se deja al albur de la buena voluntad o de la inercia política, poco se avanza. Pero la idea de resolver esa contradicción por ley choca con los principios políticos liberales.La cuestión de las cuotas ha sido objeto de un intenso debate, incluso dentro del propio movimiento feminista. EL PAÍS siempre la ha apoyado, ya que la práctica demuestra rotundamente que, cuando se ha implantado el sistema de cuota, el efecto ha sido inmediato: el porcentaje de mujeres en el Congreso pasó de un 6% a un 17% tras las legislativas de 1989, después de que el PSOE e IU implantaran en sus listas cuotas mínimas del 25% y el 30%, respectivamente. Los partidos conservadores, y particularmente el PP, han estado en contra de las cuotas, con el argumento de que más vale pocas candidatas, pero bien preparadas, que muchas, pero sin suficiente categoría. Pese a ello, todos los partidos han incluido más mujeres en sus candidaturas y el resultado es que hoy lo son el 22% de los diputados.

El PSOE plantea ahora dar un paso más y establecer por ley una cuota mínima en las listas electorales. Se trata de una propuesta polémica con argumentos a favor y en contra. En su origen, el sistema de cuotas se justificó con el argumento de que garantizando de entrada la presencia de un número dado de mujeres en los diversos ámbitos políticos se vencería la resistencia psicológica de las propias mujeres a formar parte de colectivos -grupo parlamentario, consejo de gobierno, comisión- en los que iban a encontrarse no ya en minoría, sino en soledad. Se trataba, por tanto, de una política de impulso de la participación femenina, que ha tenido efectos muy positivos. En la medida en que ello provocase los deseables cambios de mentalidad, esa actitud dejaría de ser necesaria.

El paso de ese impulso a la llamada democracia paritaria, que defiende que se garantice la equiparación de hombres y mujeres en todas las instituciones, es más discutible. Especialmente si se pretende convertirlo en ley. Hasta ahora, la mayor participación de las mujeres ha sido criterio de diferenciación entre la izquierda y la derecha. Convertir en obligatorio el diferente criterio de cada formación política tiene difícil encaje en los principios de competencia y libertad ideológica de las mismas. Pretender llevar ese criterio a la Administración plantea además problemas de coherencia jurídica. La aplicación "de forma absoluta e incondicional" de la paridad en la Administración fue expresamente rechazada por el Tribunal de Luxemburgo en una famosa sentencia que daba la razón a un hombre que había perdido el empleo a favor de una mujer que había obtenido idéntica calificación.

La equiparación debe ser el resultado de un cambio de mentalidad. Pero mientras llega éste, la aplicación de cuotas es indispensable para corregir situaciones de hecho, como otras muchas discriminaciones positivas que se aplican habitualmente en el seno de las democracias avanzadas. Que se tenga que hacer por obligación legal es lo más dudoso.