El Ministerio de Hacienda comienza a pagar indemnizaciones a víctimas de delitos violentos
El Ministerio de Hacienda ha comenzado ya a indemnizar a las víctimas de delitos violentos. Los dos hijos de María del Carmen C. N., una viuda de 44 años asesinada en Madrid en 1995 por un perturbado mental obsesionado con que había sido contagiado de sida, recibieron a finales de agosto un talón por un importe total de siete millones de pesetas como indemnización por la muerte de su madre. Hacienda acaba de librar las primeras 30 indemnizaciones, la mayoría en Madrid, y aún tiene pendientes de resolver otras 400 peticiones de familias españolas víctimas de criminales insolventes.
El asesino de María del Carmen, Santiago Montalván Acebedo, creía que su novia le había contagiado el sida. Obsesionado con esa idea, el 28 de diciembre de 1995 buscó a María del Carmen y le descerrajó un tiro en el pecho. Horas después, con la misma escopeta, se suicidó. Luego se comprobó que ni él tenía sida ni tampoco su compañera, y que había matado a María del Carmen en venganza por haberle presentado a su novia tiempo atrás.Hasta ahora, las víctimas de este tipo de delitos quedaban totalmente desamparadas. En la mayoría de los casos, los criminales se declaraban insolventes y la víctima o sus herederos no recibían ni un duro. Las indemnizaciones fijadas por los jueces en las sentencias quedaban en agua de borrajas. Sólo percibían indemnizaciones del Estado las víctimas de delitos de terrorismo. Para luchar contra este agravio se constituyó, entre otras, la denominada Asociación Nacional de Víctimas de Delitos Violentos, que preside el abogado José Miguel Ayllón. La Ley 35/95, de 11 de diciembre de 1995, desarrollada en un reglamento aprobado en 1997, ha acabado finalmente con este agravio, ya que prevé indemnizaciones para todas las víctimas de delitos dolosos -sean o no de terrorismo-, ya sean muertes o lesiones que impliquen bajas laborales superiores a los seis meses.
Un departamento de la Secretaría de Estado de Presupuesto y Gastos del Ministerio de Economía y Hacienda se ha encargado, como prevé la citada ley, de resolver las peticiones que, a través de sus abogados, formulen las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual. El reglamento incluye un baremo. La indemnización máxima fijada para los casos de muerte ronda los siete millones; de ahí para abajo, aunque siempre en función de las cargas familiares de la víctima.
"Esta ley viene a romper con claros agravios comparativos, aunque mantiene ciertos aspectos de discriminación", afirma José Miguel Ayllón. "Y es así porque, por un lado, establece mucho más dinero de indemnizaciones para las víctimas de delitos de terrorismo que para las de delitos comunes, y por otro, porque ofrece más facilidades para las primeras que a las segundas para percibir la indemnización. En el caso de las víctimas de terrorismo es el propio Estado el que, de oficio, tramita el expediente y con la máxima celeridad; a diferencia de lo que ocurre con las víctimas de delitos comunes, que deben ser ellas mismas, o sus herederos, las que inicien el expediente, lo que suele tardar incluso más de un año", lamenta Ayllón.
Con todo, Ayllón está satisfecho con la ley, ya que, por primera vez en España, las víctimas no van a quedar totalmente desamparadas.
