El Supremo ejecutará el fallo del "caso Marey" tras la apertura del año judicial

Los once magistrados que juzgaron el caso Marey se reunirán el próximo martes para estudiar los recursos de aclaración que los abogados de los condenados presentaron a la sentencia, según informaron ayer fuentes del Tribunal Supremo. La resolución de estos recursos es el paso previo a la fase de ejecución del fallo, en la que tiene lugar el encarcelamiento de los condenados y que previsiblemente se iniciará después del día 15, para no enturbiar en esa fecha la ceremonia de apertura de Tribunales por el Rey.

Los defensores de los doce condenados del caso Marey han presentado recursos de aclaración a la sentencia, que deberán ser resueltos por la Sala antes de proceder a la ejecución. A partir de entonces, y una vez se declare firme la sentencia, los condenados, entre ellos el exministro José Barrionuevo y el exsecretario de Estado Rafael Vera, ingresarán en prisión, a menos que la propia Sala Segunda del Supremo o el Tribunal Constitucional resuelvan dejar en suspenso la ejecución de las penas.Los defensores intentarán evitar in extremis que los condenados vayan a la cárcel solicitando que la sentencia quede en suspenso en tanto el Gobierno resuelve las peticiones de indulto, o mientras el Constitucional se pronuncia sobre los recursos de amparo por supuesta vulneración de derechos fundamentales.

La suspensión del ingreso en prisión en tanto el Ejecutivo se pronuncia sobre los indultos ha sido ya solicitada por los defensores del exjefe de la Lucha Antiterrorista Francisco Álvarez, por los de los expolicías José Amedo y Michel Domínguez y hoy lo será por el del exgobernador civil de Vizcaya Julián Sancristóbal, y el de los inspectores de Policía Luis Hens y José Ramón Corujo. Los defensores de estos tres últimos, José María Stampa y Andrés Planas, recuerdan que en su día se concedió un indulto sui generis a los 168 activistas de ETA político-militar que abandonaron las armas, por lo que estiman que sería una injusticia que los que actuaron creyendo que hacían un servicio al Estado ingresen en prisión 15 años después. Pero esta cuestión no será abordada hasta que se inicie la fase de ejecución.

Esta posibilidad no alcanza en principio a Barrionuevo y Vera, que se han negado a dirigir al Gobierno del PP una petición de gracia. En cambio, el exministro del Interior y el exsecretario de Estado de Seguridad sí se han dirigido al Constitucional solicitando que deje en suspenso la ejecución de sus condenas de 10 años de cárcel por dos delitos de detención ilegal y malversación, alegando que en caso de ingresar en prisión el amparo perdería su finalidad.

Aunque lo habitual es que el Tribunal Constitucional no acceda a dejar en suspenso condenas de más de cinco años de prisión, en al menos una ocasión ha llegado a dejar en suspenso una sentencia de hasta 11 años de cárcel al autor de dos delitos.

Los demás condenados, excepto Amedo, han formulado ya la misma petición al Constitucional. Éste, a diferencia del Supremo, que tiene que abrir la fase de ejecución, puede pronunciarse en cualquier momento.