Un experto dice que hay empresarios interesados en la inmigración ilegal

El profesor Antonio Izquierdo Escribano, catedrático de Sociología de la Universidad de A Coruña, explicó ayer en Baeza (Jaén), en el marco de un curso sobre inmigración, que el hecho de que existan inmigrantes en la ilegalidad es una cuestión que "a una parte de los empresarios le interesa y una parte del Gobierno se lo está dando". Izquierdo atribuyó este hecho al mantenimiento de la economía sumergida por determinados estratos sociales porque favorece a intereses económicos determinados.

El profesor dijo también que la inmigración ilegal se produce por que los cupos anuales de admisiones no son estables, lo que hace que un porcentaje de inmigrantes permanezca en la clandestinidad. Bajo su punto de vista, una "legislación difícil" y la presión fiscal también contribuyen a la precariedad de las condiciones laborales y de vida de gran parte de los emigrantes afincados en España. Para Izquierdo, esto es producto de unas "políticas restrictivas" que terminan por favorecer la "falta de transparencia" y la aparición de "corrupciones". Izquierdo Escribano defendió el sistema de cupos para controlar el acceso de los inmigrantes a cualquier país, puesto que entiende que la restricción no se sitúa en el número de inmigrantes que se admiten, sino en la política de expulsiones y de controles fronterizos que se establece. Calificó de "héroes" a los anteriores gobiernos socialistas y al actual Gobierno del Partido Popular por haber mantenido unos cupos anuales "de los más generosos que hay en Europa", a pesar de que las tasas de paro convierten en impopular la admisión de extranjeros. Sin embargo, mostró su desacuerdo con lo que calificó de "zigzag de cupos". Para el catedrático es necesario que se diseñe una política concreta, basada en datos objetivos, sobre la capacidad de absorción de inmigrantes del mercado laboral, atendiendo a lo que dictan los empresarios, las ONG y quienes conviven con personas procedentes de otros países, entre otros factores. Antonio Izquierdo consideró que el hecho de que España haya fijado este año un límite de 28.000 permisos de residencia, 15.000 el año pasado y 20.000 hace dos años, provoca que más de 30.000 personas (este año ha habido 64.000 solicitudes de residencia) permanezcan en la ilegalidad, además de "sufrimiento y desconcierto" entre el colectivo de inmigrantes. El catedrático de Sociología de A Coruña hizo hincapié en que la incorporacíón de los inmigrantes al mercado laboral "no significa un incremento en las listas del paro".