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La oposición mexicana acusa al PRI de "nacionalizar" donaciones electorales

Al menos 30 millones de dólares (unos 4.500 millones de pesetas) fueron aportados por empresas reales o ficticias para financiar la campaña electoral del gubernamental Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 1994, y después absorbidos como deuda interna de México por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), dependiente de la Secretaría (Ministerio) de Hacienda, según ha acusado un partido de la oposición.

El Fobaproa asumió las deudas y carteras vencidas de los bancos arrasados por la crisis financiera de 1995 a fin de impedir una bancarrota generalizada.Dos bancos intervenidos por el Gobierno habían otorgado créditos sin garantías a empresas que los hicieron llegar a candidatos del PRI. Nunca fueron pagados, y figuran entre los pagarés por 65.000 millones de dólares del Fobaproa que el Ejecutivo pretende convertir en deuda pública, esto es, sufragados por los contribuyentes. La grave denuncia fue efectuada por el principal partido de la oposición, el centroizquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), que gobierna la capital federal con Cuauhtémoc Cárdenas.

El presidente del PRD, Andrés López Obrador, presentó la noche del martes la documentación que supuestamente confirma los cargos contra el partido que ha administrado México durante casi siete décadas. Los desembolsos ilegales tuvieron lugar al menos, afirmó, en la capital federal, Chiapas, Tabasco y Campeche. "[La documentación] sólo exhibe una parte de cómo ha sido financiado el PRI", declaró López Obrador. Las pruebas esgrimidas serán entregadas a la Cámara de Diputados, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Instituto Federal Electoral, al Tribunal Fiscal de la Federación y a la Procuraduría General de la República (PGR). En las elecciones de 1994 fue elegido Ernesto Zedillo, cuyo partido calificó de "totalmente falsos" los datos divulgados.

"Afirmaciones sesgadas"

El PRI reaccionó imputando al PRD la ejecución de un plan, "ante la falta de propuestas serias sobre las cuales construir los consensos que requiere el país para lograr estabilidad y crecimiento económico", y le acusa a su vez de recurrir a "afirmaciones sesgadas para confundir a la opinión nacional". Una fuente priísta agregó en privado que, "suponiendo que las aportaciones al PRI hayan provenido de personas que realizaron hechos ilegales, ello no vincula al partido con sus actos fraudulentos".El PRD sostiene que sí lo vincula, que hubo complicidades entre las partes, y difundió una relación de 15 empresas asociadas con el partido gubernamental. La mayoría de estas compañías están vinculadas al banquero prófugo Cabal Peniche, perseguido como autor de un fraude de 1.200 millones de dólares, y figuran entre las que el Fobaproa pretende rescatar.

"El PRI está en el Fobaproa porque entró en componendas y se benefició de apoyos económicos de empresas y personas que, operando de forma deshonesta e ilegal, causaron junto con otros el quebranto financiero más grande en la historia del país", sostiene López Obrador. De acuerdo con el PRD, en la operación para financiar al PRI estuvieron involucrados los bancos Cremi y Unión, este último dirigido entonces por Cabal Peniche, quien libró créditos sin garantías a varias empresas, algunas creadas de la noche a la mañana. Esas empresas, a través de fideicomisos, habrían entregado los fondos a Fernando Ortiz, excandidato priísta al Gobierno de Querétaro y en aquellas fechas presidente del partido.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 27 de agosto de 1998

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