Pequeños accionistas de Urbas se querellan contra su presidente

Un grupo de pequeños accionistas de Urbas ha presentado una querella en la Audiencia Nacional por un supuesto delito de estafa contra los principales responsables de esta empresa, entre los que se encuentra su presidente, Ramón Fiter; uno de sus ex consejeros, el penalista barcelonés Juan Piqué Vidal, imputado en el caso Estevill, y el antiguo propietario de Urbas, Eduardo Bueno.

La querella está siendo tramitada por la juez Teresa Palacios y refiere una serie de operaciones societarias que, según los querellantes, descapitalizaron Urbas en favor de empresas de Fiter. En estas operaciones participó activamente Piqué Vidal. Fiter, imputado en el caso Grand Tibidabo compró a Eduardo Bueno un 24,8% de la sociedad y además posee otro 6% a través de la sociedad holding Fitinvest.Esta compraventa tuvo lugar en 1992, con financiación de Grand Tibidabo garantizada por pagarés de la propia Urbas, que fueron sustituidos por otros de Corporación Alimentaria Ibérica (CAI), declarada en quiebra, con lo que la garantía se desvaneció y la operación causó pérdidas a Grand Tibidabo por valor de 2.708 millones en la época en la que esta sociedad estaba controlada por Javier de la Rosa. Los pagarés fueron sustituidos nueve días antes de que Urbas vendiera su principal activo, una cartera de aparcamientos a Incosa por 5.800 millones.

La querella plantea que buena parte de este ingreso, unos 3.623 millones, fueron a parar a empresas de la órbita de Ramón Fiter, quien entregó a cambio a Urbas pagarés de sus empresas. Luego, Fitinvest sustituyó su deuda con Urbas por un activo que vendió la sociedad Promociones Residenciales Iberia (Pribersa), también propiedad de Fiter por un importe de 3.455 millones. La compraventa fue curiosamente arbitrada por un empleado de Ramón Fiter. La querella hace hincapié en diversas irregularidades contables, denunciadas en su día por los auditores de Urbas, como por ejemplo la sobrevaloración del segundo principal activo de Urbas, la urbanización Sotolargo (Guadalajara). Este complejo estaba valorado en 3.547 millones, mientras que valoraciones indepedientes lo cifraban en unos 600 millones. También se destaca que las ventas parciales de la urbanización no fueron realizadas por Urbas, sino por Pribersa, titular registral de las mismas. Se da la circunstancia de que Urbas recibió esta urbanización para compensar deudas anteriores de la holding de Fiter, Fitinvest.

Urbas afrontó la compleja situación por la vía de reducir su capital en 6.122 millones para enjugar pérdidas.