Las acciones del crimen organizado ruso alarman a la población costera de la Vega Baja

El asesinato de un ciudadano ruso a manos de la mafia en una urbanización de Orihuela, el sábado, ha activado el malestar y la preocupación entre la población de La Vega Baja. Secuestros, falsificaciones, prostitución, robos y asesinatos. Demasiado para una comarca agrícola y turística hasta ahora más preocupada por superar los problemas derivados de la sequía, que por la seguridad ciudadana. Los ciudadanos y sus representantes políticos, se manifiestan alarmados por los sucesos que en los últimos años protagonizan ciudadanos llegados del Este de Europa.

Pese a las múltiples evidencias que confirman la existencia de grupos organizados que establecen métodos mafiosos de funcionamiento, los altos mandos policiales, los portavoces del Ministerio del Interior y los responsables de las instituciones locales, no comparten esta tesis que empieza a preocupar sobre manera a la población de la Vega Baja. Otra percepción muy distinta es la que tiene la clase política. Los munícipes confiensan su preocupación por el incremento de este tipo de delincuencia y apuntan la conveniencia de controlar el origen del dinero que los rusos invierten en la zona y sus actividades, pero eluden pronunciarse abiertamente ante el temor de que las informaciones en ese sentido dañen la imagen turística. El asesinato, el sábado, del ciudadano de origen ruso Vladimir G., de 51 años, atropellado y acribillado a balazos por un ajuste de cuentas en plena calle de la urbanización La Zenia de Orihuela en la que residía con su familia, ha generado alarma en la vecindad y sellado las bocas de munícipes y responsables de las fuerzas del orden. "No habrá información sobre ese caso", trasladó ayer el portavoz de la Guardia Civil, cuerpo que investiga el crímen. "No tenemos nada que decir", contestaron desde la Subdelegación del Gobierno. "Se trata de un hecho lamentable, no achacable a la mafia porque no oficialmente no tenemos confirmación de que exista", comentó ayer el alcalde de Orihuela, José Manuel Medina, del PP. "Lo que hay", añadió, "son unos señores que vienen, invierten y pagan a través de los medios habituales, y si hay algo bajo manga no lo conozco". Para el edil oriolano, su preocupación por este caso es similar a la de cualquier otro suceso, "salvo que se comprobara que existe algún tipo de trama criminal", en cuyo caso sería necesario avanzar en la investigación policial. En la misma línea se pronunció el portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de Orihuela, José Francisco Lorente, reacio también a hablar de la existencia de mafias en su pueblo. Debate en las Cortes "Como ciudadano vislumbro que las afirmaciones de que no existe delincuancia organizada se contradicen con los hechos, y si se confirmara ese extremo lo que está claro es que en esta zona debería operar una policía especializada", declaró. Frente al silencio de casi todos, el asesinato llegó ayer mismo a las Cortes Generales a través del diputado de Nova Esquerra Manuel Alcaraz, que planteó al Gobierno de José María Aznar una batería de preguntas a las que el ministro del Interior está obligado a responder por escrito. El parlamentario, que lleva años interesándose por este tema, reclama que se refuerce la persecución de la mafia rusa, y pregunta si la policía española ha apreciado una aparentemente conexión entre el asesinato del sábado y el crimen organizado. Conocedor del destino de los capitales que entran en nuestro país de forma legal, aunque se desconozca su origen, Alcaraz plantea también las relaciones entre operaciones de blanqueo de dinero procedente de Ruria con la especulación inmobiliaria en la costa de Orihuela y Torrevieja. El diputado solicita un informe sobre la evolución del número de residentes en la provincia de Alicante originarios de los países del Este en los últimos cinco años. Las investigaciones para esclarecer el asesinato de Vladimir G. continúan, sometidas al secreto sumarial decretado por la juez de Orihuela que instruye el caso. El domingo por la noche, la Guardia Civil localizó el vehículo que conducían los dos asesinos, un Seat Ibiza de color claro que abandonaron en la pedanía oriolana de Campoamor. El coche era alquilado, por lo que las pesquisas se dirigen hacia las casas de alquiler de vehículos y en el análisis de huellas dactilares y algunos cabellos hallados en el interior del coche.